La crítica situación en la que se encuentra la mayoría de los 66 establecimientos penitenciarios que existen en el país, principalmente caracterizados por un grave hacinamiento (existe una sobrepoblación del 70% sobre su capacidad real de albergue), que genera condiciones adversas e infrahumanas que imposibilitan la reinserción social de los internos, se puso de manifiesto en los últimos días por la Defensoría del Pueblo.
En el Informe Defensorial Nº 154, titulado “El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad ciudadana y la política criminal. Problemas, retos y perspectivas“, se señala que, hasta julio del 2011, existían 48 858 personas privadas de libertad en las cárceles del país, que solo tienen capacidad para 28 689 internos.
Asimismo, la investigación, realizada por el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, presenta un diagnóstico de la realidad del sistema penitenciario en el Perú en base a la información estadística proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la visita directa en 35 cárceles y el monitoreo permanente que efectúa la institución en todo el territorio nacional.
El documento también revela que, desde el año 2006, el sistema penitenciario solo cuenta con 63 médicos, a pesar del incremento de la población de reclusos hasta en un 33,98%. Además, se ha verificado que 28 cárceles carecen de personal médico y los ambientes para la atención médica requieren un mantenimiento integral y reequipamiento. A consecuencia de ello se registran más de 1200 casos de TBC, de los cuales 50 corresponden al tipo multidrogo–resistente. En el caso del VIH/Sida, existen 540 personas con VIH.
En cuanto a la infraestructura penitenciaria, de los 66 establecimientos penitenciarios, 25 se encuentran en mal estado, 29 en situación regular y solo 12 en buen estado. También se carece de material logístico adecuado para controlar el ingreso de objetos o sustancias prohibidas como drogas, armas y celulares. Solamente un establecimiento penitenciario cuenta con un sistema informático de control de huellas dactilares para los visitantes y solo dos disponen de equipos de rayos X operativos para la revisión corporal.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo, entre sus principales recomendaciones, invoca a que el Ministro de Justicia solicite al Consejo Nacional Penitenciario la elaboración de un “Plan de Reforma Penitenciaria 2012 – 2021” donde se reimpulse los mecanismos para el ejercicio de la gracia presidencial por razones humanitarias, se designe el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y se contemple un proyecto de “Ley de Reinserción Social”, entre otros. Al Ministro de Economía y Finanzas, se le recomienda el incremento del presupuesto asignado al INPE para mejorar las capacidades de su personal, así como infraestructura, seguridad y programas de tratamiento penitenciario, construyendo 10 penales adicionales a los existentes en los próximos años.
De igual modo, se ha recomendado al Presidente del Consejo de Ministros, promover que se forme una “Comisión Multisectorial para diseñar una política pública dirigida a la intervención y reinserción social de las personas con trastornos mentales declaradas inimputables”. Al Ministro de Salud se le exhorta a que evalúe la necesidad de integrar dentro de las políticas de Salud Nacional el componente de salud penitenciaria en coordinación con los respectivos gobiernos regionales.
Así, la Defensoría del Pueblo se reafirma en la necesidad de fortalecer un sistema penitenciario con una organización sólida, estable, con valores claros, con una legislación penitenciaria coherente, racional, y con el desarrollo de políticas públicas que logren reinsertar en la sociedad a las personas privadas de su libertad, lo que a su vez redundará en un componente clave para mejorar la seguridad ciudadana.
Luis Francia Sánchez
Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios
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