Según las últimas cifras publicadas por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, cada mes al menos ocho mujeres de nuestro país son víctimas de feminicidio. De acuerdo al estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, “Feminicidio en el Perú: Estudio de expedientes judiciales”, se ha logrado identificar que en muchos de estos procesos el sistema de justicia no responde adecuadamente, favoreciendo de esta manera a perpetuar la impunidad presente en los casos de violencia contra la mujer y legitimando los patrones socioculturales discriminatorios que colocan a las mujeres en una posición de inferioridad con respecto a los varones.
Entre los hallazgos incluidos en este informe resaltan las leves sanciones que reciben los varones que son hallados culpables de haber asesinado a su pareja o ex pareja. En muchos de los casos documentados, las penas impuestas fueron inferiores al mínimo legal debido a una inadecuada aplicación de la confesión sincera y la conclusión anticipada. Asimismo, en la mayoría de los procesos (70%) la reparación civil impuesta a los agresores no superó los S/.10 mil nuevos soles, llegando incluso a identificarse un caso donde la reparación civil establecida fue de S/.800 nuevos soles por un intento de homicidio.
Además, en algunos casos se utilizaron criterios donde de alguna manera se justificaba la violencia cometida. Una muestra de ello la encontramos en un proceso donde los vocales de la Corte Suprema rebajaron la pena, de 12 a 6 años de prisión, debido a que la muerte se había producido como consecuencia de una discusión donde además “la victima había ingerido alcohol antes de su deceso” y donde la “agresión verbal y física fue provocada por la victima”, quien reclamaba a su ex pareja por el incumplimiento de la pensión de alimentos para sus hijos.
Con el propósito de superar los obstáculos en el acceso a la justicia identificados en este informe, la Defensoría del Pueblo realizó una serie de recomendaciones entre las que destacan aquellas dirigidas al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a fin de que se cree una base de datos única sobre violencia de género de carácter nacional e intersectorial; así como al Poder Judicial, la Academia de la Magistratura y la Policía Nacional del Perú para que, desde el ámbito de sus competencias, garanticen la capacitación y sensibilización del personal a su cargo en materia de género y la atención de las victimas de violencia.
Asimismo, conscientes de la gravedad de la problemática de la violencia contra la mujer y en especial del feminicidio en nuestro país, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado a favor del Proyecto de Ley N° 08-2011/CR ─mediante el cual se pretende la incorporación del feminicidio como un agravante del delito de homicidio calificado─, al considerar que dicha incorporación constituiría un avance importante en la prevención, sanción y erradicación de la problemática de la violencia contra la mujer. En ese sentido, también estimamos conveniente que se incluya los homicidios que se cometen contra mujeres con quienes sus agresores no sostuvieron relación sentimental alguna, como se produce en los casos de mujeres asesinadas luego de un acto de violencia sexual o que son victimas del delito de trata.
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Patricia Sarmiento Rissi
Adjuntía para los Derechos de la Mujer
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