Cada 18 de octubre, desde el 2006, se conmemora el “Día de los peruanos que residen en el exterior” con el fin de rendir homenaje y premiar a los peruanos y peruanas que desarrollan acciones de carácter social en beneficio de nuestros compatriotas. Este día también busca contribuir al fortalecimiento y vinculación de la comunidad peruana en el extranjero.
Si bien esta iniciativa pretende resaltar la imagen del peruano y peruana que reside en el exterior, la Defensoría del Pueblo exhorta a que no se pierda de vista las dificultades que estos enfrentan en los países de destino, que van desde la falta de acceso a servicios básicos, condiciones abusivas de empleo hasta muestras de discriminación y xenofobia.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el período 1990 y 2009 el número de peruanos y peruanas en el exterior superó los dos millones (2 038 107), de esta cifra, el 53% es población femenina y el 67,3% población joven y adulta, entre los 20 y 39 años de edad.
Asimismo, durante la primera semana de octubre se aprobó algunas disposiciones de la Ley HB 56 por los representantes del Estado de Alabama (Estados Unidos de Norteamérica), que permite a la policía estadounidense verificar el estatus migratorio de las personas -extranjeras y estudiantes de escuelas- bajo la sospecha razonable de estar en el país de modo “ilegal”.
La aplicación de esta medida –junto a la vigente Ley SB 1070 de Arizona, Ley HB 87 de Georgia y otras propuestas que se vienen impulsando en los Estados de Florida, Nuevo México, Utah, Indiana, Carolina del Sur y Texas– provocarían una serie de afectaciones a los derechos de nuestros nacionales asentados en dichas ciudades.
Ante estas situaciones adversas, la Defensoría del Pueblo nuevamente plantea en la agenda pública el conjunto de recomendaciones de su Informe Defensorial Nº 146 “Migraciones y Derechos Humanos. Supervisión de las políticas de protección de los derechos de los peruanos migrantes”, con el propósito de que el Estado preste atención, principalmente, a cuatro aspectos:
- Establecer un marco normativo que defina los principios, objetivos y lineamientos de la política migratoria nacional, con una perspectiva integral que garantice los derechos de los migrantes en todas las etapas del proceso migratorio, tanto de los nacionales, como de los extranjeros.
- Fortalecer la institucionalidad del Estado, de tal modo que se logre estructurar un sistema que articule a los diversos sectores y niveles de gobierno, que facilite la coordinación de todas las entidades vinculadas al tema, la sociedad civil y la población migrante. Precisamente, a raíz de esta recomendación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha conformado la “Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria”, que reúne a diversos sectores y entidades del Estado, destinada a atender, de manera intersectorial, todos los aspectos del proceso migratorio.
- Fortalecer la actuación de los consulados, especialmente respecto a los programas de asistencia legal y humanitaria.
- Promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de protección de los derechos de los migrantes. Actualmente, está pendiente el reconocimiento de la competencia del Comité para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios, así como la aprobación de los Convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a los trabajadores migrantes y las migraciones en condiciones abusivas.
Del mismo modo, desde la Defensoría del Pueblo se ha reiterado la necesidad de ampliar los alcances de la Ley Nº 28182, Ley de Incentivos Migratorios, de modo tal que se comprendan otras situaciones de especial necesidad y urgencia en el retorno, como aquellas relacionadas con la expulsión (asistencia en el traslado de la frontera al lugar de origen), los casos de víctimas de trata de personas, casos humanitarios, casos de niños no acompañados, entre otros.
Así, la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de encaminar sus esfuerzos para colaborar en la construcción de una política migratoria que garantice los derechos fundamentales de los migrantes peruanos y extranjeros.
Gisella Vignolo Huamaní
Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad
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