Según cifras del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), se calcula que en nuestro país existen aproximadamente 17 000 niños, niñas y adolescentes en abandono, albergados en Centros de Atención Residencial (CAR). Sin embargo, esta cifra no recoge el gran número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las calles, como producto de graves problemas de desestructuración familiar.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo señala que los padres y madres tienen la obligación de brindar protección a los niños, niñas y adolescentes, y corresponde al Estado cuidar a los menores de edad ─mediante un rol subsidiario─, cuando sus padres no existan o carezcan de la competencia suficiente para cumplir con sus obligaciones.
La determinación de una situación de abandono que, en definitiva, supone la negación de derechos fundamentales de los niños, niños y adolescentes —en la medida que limita el goce de sus derechos a la salud, integridad física o psicológica, educación, el derecho a vivir en una familia, entre otros—, implica el diseño e implementación de un sistema de protección a favor de estos y de mecanismos eficaces que permitan la restitución de los derechos vulnerados.
Uno de estos mecanismos de restitución de derechos lo constituye el procedimiento de investigación tutelar, que tiene como finalidad constatar la situación de abandono o desprotección y aplicar, de ser el caso, medidas de protección, como se indica en el Informe Defensorial Nº 153, titulado “Niños, niñas y adolescentes en abandono: aportes para un nuevo modelo de atención”.
Dicho procedimiento no solo constituye un mecanismo que se oriente a evaluar el cumplimiento de las obligaciones de cuidado de los padres y madres, para luego decidir si deben perder la patria potestad, sino más bien debe desarrollarse sobre la base de un trabajo de apoyo y asesoría dirigido a recomponer los vínculos familiares y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia.
Ello implica también el establecimiento de una oferta de servicios sociales estatales —básicamente locales—, debidamente articulados, que permita brindar diversas prestaciones en favor de los menores de edad y sus familias, servicios que no pueden ser ofrecidos por los órganos jurisdiccionales que hoy tienen a su cargo el procedimiento de investigación tutelar.
Este es el principal desafío del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, previsto en nuestro Código de los Niños y Adolescentes, en la medida que exige la actuación del conjunto de órganos, entidades y servicios que deben diseñar e implementar programas y acciones interinstitucionales dirigidas a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Jorge Vega Fernández
Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
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