Comite Anticorrupcion de Carabayllo

martes, 3 de enero de 2012

IMPULSARAN DEBATE SOBRE LA ELIMINACION DEL CAS


Régimen. El CAS es una modalidad vigente en el sector público, que vincula a una entidad estatal con una persona natural para prestar servicios de manera no autónoma, dependiente, sin que ello implique un vínculo laboral.
El Congreso de la República priorizará esta semana el debate del proyecto del Ejecutivo para la eliminación gradual del Contrato de Administración de Servicios (CAS), anunció el vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Justiniano Apaza Ordóñez.

"Nosotros consideramos a esta iniciativa como muy positiva porque concreta una de las promesas que se hizo en la campaña electoral, porque el CAS es un sistema antidemocrático que no respeta los derechos de los trabajadores".
Apaza comentó como "un hecho" que el referido proyecto se trate en la Junta de Portavoces del Congreso, a fin de exonerarlo del debate en la Comisión de Trabajo y sea discutido esta semana directamente en la sesión plenaria.

Consensuado
El legislador refirió que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social tiene también listo un proyecto aprobado para eliminar gradualmente el CAS; pero recordó que la iniciativa del Ejecutivo tendrá prioridad y será consensuada entre las bancadas del Congreso.
El CAS es una modalidad vigente en el sector público que vincula a una entidad estatal con una persona natural para prestar servicios de manera no autónoma, dependiente, sin que ello implique un vínculo laboral.
El Consejo de Ministros aprobó el miércoles pasado el proyecto que elimina el CAS y que se implementará a partir de 2013.
De acuerdo con esta iniciativa, el presente año todos los derechos de los trabajadores regidos por este tipo de contratos serán respetados, tal como ocurre con el régimen del Decreto Legislativo 276.
En ese marco se reconocerán los derechos de vacaciones completas, aguinaldo de julio y diciembre, seguro de salud completo al ciento por ciento, indemnización por despido arbitrario, entrega de un certificado de trabajo, entre otros.
"Lo que hay que hacer ahora en la reglamentación de la ley es establecer que su aplicación sea previa evaluación, porque en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García el Estado se convirtió en un botín político", manifestó Apaza.

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