Una de las primeras acciones que realizará la Procuraduría Anticorrupción para recuperar los montos de las reparaciones civiles fijadas en los casos Fujimori-Montesinos, ascendente a mil millones de soles, será colocar en las centrales de riesgo a aquellos sentenciados que ya han recuperado su libertad y que se niegan a pagar su deuda, anunció el titular de esta institución, Julio Arbizu.
“Será una de las maneras de obligarlos pagar los grandes montos que deben al Estado producto de las reparaciones civiles y que sistemáticamente se han negado a pagar desde hace varios años. Todos ellos no serán sujetos de créditos mientras no cancelen el íntegro de la deuda”, dijo Arbizu al Diario Oficial El Peruano.
Solo en los casos Fujimori-Montesinos, el monto de las reparaciones civiles a favor del Estado suman mil millones de soles. “Estamos estudiando otras opciones como cambios en los códigos Penal y Civil para hacer más expeditiva la cancelación de estas deudas”, manifestó el procurador.
Sostuvo que en las próximos días anunciará una serie de acciones que ejecutará la Procuraduría para fortalecer la lucha contra la corrupción y obligar a pagar las reparaciones civiles a todos los personajes del régimen fujimorista sentenciados por el Poder Judicial.
Manifestó que el presente gobierno ya había iniciado acciones como modificar el reglamento del Código de Ejecución Penal para luchar contra la corrupción y evitar la impunidad.
La norma establece que todos los condenados por corrupción, terrorismo, traición a la patria y otros delitos graves, como homicidio calificado, extorsión o secuestro seguidos de muerte o lesiones graves, deberán pagar el total de la reparación civil, para acceder a la excarcelación por redención de pena por trabajo o educación.
Así lo establece el Decreto Supremo Nº 003-2012-JUS, que modifica el artículo 210 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. Ahí se precisa que la modificación se aplicará a los procesos de libertad en trámite.
Al respecto el ministro de Justicia Juan Jiménez, ha señalado que la modificación representa un acto de justicia para los agraviados, que esperan no solo la sanción penal, sino la reparación de los daños ocasionados.
Desidia anterior
Arbizu sostuvo que los anteriores gobiernos por desidia no se preocuparon por indagar sobre el monto de las reparaciones civiles y dejaron que muchos sentenciados por corrupción salieran en libertad sin pagar los montos adeudados al Estado.
“Lo primero que hemos hecho al llegar a la Procuraduría Anticorrupción ha sido elaborar un informe con los datos certeros sobre el monto de las deudas y quienes eran las personas que no habían cumplido con cancelar estos montos”, manifestó .
Sostuvo que los anteriores gobiernos “por falta de iniciativa y ausencia de voluntad política no realizaron ninguna acción para recuperar el monto de las reparaciones civiles”. Agregó que el actual gobierno está empeñado en luchar contra la corrupción y hacer cumplir las leyes para evitar la impunidad de los delitos.
Reformas
1 La modificación precisa que los condenados por terrorismo no pueden acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por trabajo o educación.
2 También fija que las solicitudes de excarcelación deberán presentar un informe psicológico que acredite el grado de rehabilitación del sentenciado.
3 Se deberá establecer que el o los condenados no constituyen peligro para la sociedad.
Datos
Son 105 casos de corrupción cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori y de su exasesor Vladimiro Montesinos.
Las reparaciones civiles alcanzan la cifra de mil millones de soles y solo se ha pagado el 0.77% del monto.
El expresidente Fujimori debe 24 millones de nuevos soles, Montesinos 495 millones. El general Nicolás Hermoza 15 millones y José Enrique Crousillat y su hijo José Francisco adeudan 80 millones de nuevos soles cada un
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