En los pasados tres meses, la Comisión de Justicia del Parlamento recibió un total de 700 denuncias formuladas en contra de diversos magistrados, informó ayer el presidente del referido grupo de trabajo, Alberto Beingolea.
El legislador formuló estas declaraciones tras firmar una carta de cooperación interinstitucional con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García Núñez, cuyo objetivo es establecer un enlace directo, precisamente, para la atención de las denuncias que formule la ciudadanía contra los magistrados.
Al respecto explicó que se trata de quejas de toda índole que van desde supuestas conductas impropias de los magistrados hasta reclamos presentados por litigantes que perdieron procesos.
Las quejas del ciudadano
“Son ciudadanos que sienten que hay una inconducta de un juez o de un fiscal y entonces se acercan a una instancia del Estado a presentar su queja. En el caso del Congreso, por obvias razones, estas son recibidas por la Comisión de Justicia”, enfatizó.
Tras recordar que los congresistas no pueden intervenir en la función jurisdiccional, precisó que se va a abrir una oficina en el segundo piso del Palacio Legislativo para recibir las nuevas quejas que presenten los ciudadanos.
No obstante sostuvo que ya en anteriores periodos congresales la Comisión de Justicia ha recibido denuncias de este tipo, pero aclaró que el tema nunca antes se había hecho público.
Insumo básico del CNM
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García Núñez, admitió la posibilidad que las denuncias puedan ser tomadas como insumo, para efectos de las evaluaciones que se realizan con miras a la ratificación de jueces y fiscales.
“Las denuncias que atañen a los magistrados van directo a sus archivos personales. Ellos tendrán que ser notificados y deberán absolver o rendir cuentas al control interno”, enfatizó.
Más adelante dijo que todas las denuncias que obran en poder de la Comisión de Justicia van a ser escaneadas y colocadas en el sistema del Consejo Nacional de la Magistratura, y a partir de allí se va a poder efectuar un seguimiento, porque además van a ser derivadas a la Fiscalía de la Nación y al órgano interno del Poder Judicial
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