Muchos gobiernos Latinoamericanos, con el fin de obtener ingresos y satisfacer las condiciones de los programas de ajuste estructural del FMI y apoyados por los préstamos del Banco Mundial, han puesto a disposición de las empresas multinacionales los recursos naturales de sus países y otorgan concesiones a quienes a cualquier costo quieren perpetuar el modelo de explotación en su propio beneficio. Muchos pueblos Latinoamericanos han comprendido que organizados pueden defender sus tierras, sus bosques y su supervivencia.
Tal es el caso de la entrega que realizara, el ahora convicto Presidente Fujimori en 1999, de 89 mil hectáreas de tierras a la empresa canadiense Manhattan Sechura S.A. para una explotación polimetálica a cielo abierto. Varias comunidades de agricultores y campesinos de Tambogrande en el fértil valle San Lorenzo en el Departamento de Piura, verían amenazado su derecho a un ambiente sano y productivo de llevarse a cabo dicho proyecto.
La minería y muy especialmente la realizada a cielo abierto, puede ocupar y destruir amplias extensiones de terreno. Durante los últimos decenios gran parte de la exploración minera ha afectado a los ecosistemas forestales y representa la segunda amenaza principal (después de la explotación forestal comercial) para los bosques primarios a escala mundial. Los bosques no sólo son eliminados para dejar paso a las actividades mineras sino que para su construcción y para proveerlas de energía las minas emplean grandes cantidades de madera de los bosques circundantes. Al igual que el resto del ambiente el bosque también puede sufrir "la muerte" cuando se ve expuesto a los contaminantes tóxicos, a la lluvia ácida de las instalaciones de tratamiento y a la asfixia por el polvo de las plantas procesadoras. Los bosques de algarrobales de Tambogrande aportan más del 50 % del ingreso a los habitantes de la zona, tal como informáramos en nuestro Boletin No. 49 de agosto del 2001.
Durante todo este tiempo las comunidades se han organizado para oponerse a este proyecto en la convicción de que tendrá gravísimas repercusiones sociales y ambientales. Es sabido que incluso bajo condiciones controladas, se producen desastres muy frecuentes y graves, más que en cualquier otro proceso industrial. La explotación minera es una actividad fundamentalmente insustentable, ya que se basa en la extracción de concentraciones de minerales no renovables creadas durante millones de años. Una vez extraídos, los minerales no se pueden reponer, y el trastorno causado al medio ambiente produce un cambio y un daño permanente. A medida que se agotan los yacimientos mineros más fácilmente accesibles, una profunda ansia de nuevas fuentes minerales baratas empuja a la industria a una prospección cada vez más intensificada en los territorios indígenas y en zonas ambientalmente sensibles.
Las empresas mineras están asimismo desarrollando nuevas técnicas que permiten obtener beneficios del tratamiento de los yacimientos de inferior calidad. Este cambio, puede hacer que la minería sea incluso más invasora y ambientalmente dañina que antes. El tratamiento de esos yacimientos requiere la apertura de minas siempre más grandes que afectan a zonas siempre más extensas y la creación y el vertido de cantidades sin precedentes de residuos mineros. Los costos de estas pérdidas son asumidos por las zonas, comunidades y gobiernos afectados, más que por las empresas.
Una de las organizaciones más activas durante la oposición, el Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, ha dialogado con representantes del Estado Peruano, de la Empresa Minera Manhattan Sechura y diversas autoridades y personalidades del país y del mundo, haciéndoles saber su preocupación por el impacto social y ambiental de una posible explotación minera en Tambogrande, una de las regiones de más alta productividad agrícola del país. En las zonas mineras de Perú se constatan los índices más altos de pobreza y desempleo. Durante este período también los miembros de dicha organización y sus familiares han sido víctimas de varios atentados, secuestros y amenazas de muerte. Las autoridades no han podido esclarecer aun, luego de un año, el asesinato de uno de los líderes ecologistas opositores al proyecto y asesor técnico del Frente, el Ing. Godofredo García Baca
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