HABLEMOS DEL PODER JUDICIAL

 

 

 

Escribe: Néstor Roque Solís (*)

 

¿El Poder Judicial contribuye a afianzar la democracia y el Estado de Derecho o su función a la luz de los hechos precipitan su descomposición? ¿Sus jueces cumplen con sus funciones adecuadamente? ¿El Poder Judicial es un pilar o una muleta de la democracia y  del Estado? ¿Constituyen una garantía de justicia o son una fuente de arbitrariedades y corrupción? ¿Contribuyen a afianzar la República o precipitan su descomposición? Aquí algunas consideraciones y respuestas.

 

El Poder Judicial tiene por función mantener el ordenamiento jurídico y resolver controversias. También interpretar y aplicar las leyes, a través del control y respeto de la idea de derecho prevaleciente y asume entonces un carácter defensivo. Como la Constitución define una estructura institucionalizada de poder social, lo habitual es que los jueces desempeñen una tarea conservadora del orden establecido. Así, en las sociedades liberales, es frecuente que resulten guardianes de la propiedad privada y de las demandas de las grandes empresas antes que custodios de los derechos ciudadanos.

 

Por lo general los jueces tienen como eje teórico el derecho civil, que custodia el derecho de propiedad. Pero muchos otros Magistrados no se han quedado en la tradicional formación jurídica y han pasado las fronteras de la investigación y el conocimiento de la Filosofía, Administración Pública, Derecho Comercial y Políticas Internacionales. No es casual ver a Magistrados por estos tiempos: haciendo cursos o pasantías de especialización en el Perú y en el extranjero.

 

La historia del Poder Judicial del Perú y en particular la Corte Suprema casi siempre —a pesar de carácter independiente-- actuó en coherencia con el poder político y económico dominante. Cuando las convicciones de sus miembros no encajaron con un Poder Ejecutivo decidido, fueron muchas veces reemplazados. Igual suerte corrieron los jueces probos e incorruptibles por no seguir la corriente del dejar hacer dejar pasar al gobierno de turno.

 

El periodo nefasto para el Poder Judicial fue el decenio de 1990, donde comienza una nueva etapa, regida por criterios diferentes de justicia, que orientaron la acción del Poder Judicial en el plano económico y político. Se entró de lleno en la etapa de la administración de justicia como negocio, tanto personal como para beneficio de los grupos económicos hegemónicos. El Poder Judicial pasó a ser parte activa del proceso general de desintegración institucional y social en el país con el fujimorato y su brazo derecho que ponía y sacaba jueces: el corrupto asesor Vladimiro Montesinos.

 

Con la dictadura de los años 90 la justicia en el país se convirtió en conservadora y reaccionaria. La alta jerarquía de la justicia actuaba dentro de los condicionamientos que fijaba la orientación política vigente. Pero la situación se complica en exceso cuando esa función consiste en gerenciar jurídicamente el desorden. Ya no es cuestión de preservar un sistema –viejo o nuevo, conservador o progresista– sino de conseguir beneficios derivados de una situación de descomposición política. En esos casos, lo que se procuraba era conservar  la posición adquirida y, si fuera posible, mejorar la influencia y la rentabilidad: es “sálvese quien pueda”, si las cosas van mal, es “haga negocios quien pueda”, si la situación lo permite.

 

Para esos fines el Poder Judicial emplea el arma que le pertenece en exclusividad: sus sentencias. ¿Cómo utiliza la Corte ese poder? Para entenderlo hay que recordar que desde el punto de vista académico, el nivel de la actual Corte Suprema es desolador, con alguna excepción. En el plano político la mayoría son apristas o fujimoristas: fueron designados bajo la influencia de Alan García o bien por el fujimontesinismo, a quienes facilitaron su “gestión” gracias a la mayoría automática de que disponían en el organismo judicial.

 

De todo ello surge que la economía peruana no sólo está a merced de los intereses de los dueños del país: mineras, bancos, empresas privatizadas, petroleras; de los gerentes-políticos que convierten en negocio todo lo que tocan; de las exigencias del sistema financiero internacional, de los gurúes económicos y de los empresarios evasores, sino también de una Corte Suprema disociada de la justicia y del interés general a pesar de sus esfuerzo de sus intentos de modernización en sus diferentes procesos de las últimas décadas.

 

Esto implica un grave peligro para el futuro. Está claro que no se puede aspirar a una Corte Suprema de alta capacidad técnica, que haga justicia y defienda el interés nacional, en medio de una crisis institucional grave y de corrupción que nadie duda que toca sus puertas cada día. La reestructuración del Poder Judicial es uno de los requerimientos básicos de la imprescindible reforma del Estado y requisito esencial para el fortalecimiento de la democracia y de la República.

 

Es por eso, que en la necesaria renovación de la justicia es preciso hacer distinciones. La mayoría de los simples jueces son capaces y honestos; los negocios políticos y económicos están concentrados en determinadas instancias judiciales: por ejemplo se dice que las Cortes Judiciales de Ancash, Ica y Cañete son las más corruptas-- con las excepciones del caso de jueces probos-- otros informes señalan que la madre del cordero nace en la propia Corte Suprema, es allí donde los Magistrados de Primer Nivel practican las malas artes. Construir un Poder Judicial eficaz, coherente y guiado por el interés nacional no debería serle difícil para el OCMA y sus ODECMAS remover a estos jueces poco transparentes y honestos para administrar justicia.

 

Pero el problema no termina allí, porque no bastará con la expulsión de la elite judicial actual: toda la estructura precisa modificaciones, tanto en sus orientaciones básicas como en su funcionamiento práctico. No es posible que el Poder Judicial, por la vía de sus más altas autoridades, siga siendo un poderoso agente del desorden, con poco de jurídico, mucho de político y casi todo de negocios. Deberá primero retornar a sus funciones de custodio de los derechos humanos y no sólo el de propiedad: Este es el orden que deben garantizar para una sociedad con justicia para todos.

 

Tampoco se agota el tema con el buen comportamiento de los jueces y magistrados. Existe además una pesada estructura, que sólo es capaz de juzgar una pequeña parte de los asuntos que se le someten. El número del personal y de los edificios judiciales necesita adaptarse a necesidades muchos mayores a los tiempos modernos por ejemplo a la sistematización de su administración. Los juicios todavía duran meses, algunos delitos jamás se esclarecen, existen enormes diferencias entre la capacidad de defensa entre litigantes ricos y pobres. Estas injusticias son flagrantes en los juicios penales y del trabajo, que son los pobres que más sufren. Es fundamental tomar conciencia del carácter clasista todavía del régimen judicial: las diferencias son abismales entre quienes pueden pagar buenos abogados y los gastos de un juicio y quiénes no. En los juicios penales confluyen las mafias policiales, de abogados y judiciales, con efectos directamente proporcionales al poder de pago de los clientes.

 

El diagnóstico –que no se agota en este breve comentario– es complejo; la tarea, inmensa. No obstante, puede ser útil definir con claridad cómo no puede ser la administración de justicia. En primer lugar, no debe actuar como agente activo de un desorden generalizado e injusto. Pero ello no exonera de culpas a los otros Poderes del Estado, como el Legislativo y el Ejecutivo, que gestionan esa política contraria a la soberanía nacional y al interés popular.

 

En segundo lugar, tampoco debe desconocer la salvaguarda de los derechos esenciales. No es admisible que el Poder Judicial haya ignorado o haya sido poco justiciero con la desaparición de personas durante la dictadura 1990-2000; y la desaparición del patrimonio estatal con el proceso de privatización de las empresas públicas rematadas durante el gobierno de fujimontesinismo.

 

Como tercer cuestión, no debe extralimitarse en el ejercicio de sus funciones mediante sentencias que interfieren en actos propios de los otros poderes. No es posible que el Poder Judicial actúe muchas veces como Ejecutivo, dictándole a éste detalles de política de concesiones o pago de tributos, que van siempre en favor de los grupos empresarios y no de los ciudadanos. Los ejemplos son múltiples; caso de la Telefónica, empresas mineras y de servicios que deben pasar sus casos por los tribunales. Hoy casi todos los conflictos de la administración pública y privado esta judicializado. Hace algunos días escuche a un  Congresista novato y poco informado en sus funciones y competencias, decir: que él no puede hacer nada con el tema de la sede del Gobierno regional de Lima porque esta judicializado.

 

Frente a esta realidad, es necesaria la reconstrucción y Modernización del Estado para abordar los problemas de fondo y de urgencia: el hambre, la desocupación, la destrucción del Estado, la entrega fácil de los recursos naturales al poder minero, sin tener en cuenta la vida del hombre, que es el fin supremo de la nación, como lo determina el primer artículo de la Constitución Política del Perú. No se trata sólo de jerarquizar la función de Juez sino también de convertir al Poder Judicial en ejecutor de la justicia, en guardián del respeto de los derechos humanos, civiles y políticos, y el custodio de la nación y sus ciudadanos.

 

Para cumplir con esta tarea se necesita mayor descentralización del poder judicial, y que no le quieten facultades funcionales y competitivas, como pretende hacer la Corte Suprema con el Distrito Judicial de Huaura. Otra zancadilla a las Cortes Superiores Descentralizadas del país, es el Proyecto para la instalación de una Sala Especializada para centralizar en Lima los casos emblemáticos como Andahuasi y otros, como si nuestros Magistrados de las Cortes Superiores  sean incapaces de hacer justicia si las facultades le confieren resolver estos casos. La negligencia o el prevaricato de un juez no pueden ser causales para decir que la Corte de un Distrito Judicial sea incompetente o no tenga la capacidad de resolver un caso emblemático. El centralismo es un grave pecado que puede cometer el Presidente de la Corte Suprema doctor César San Martin Castro.

 

Finalmente debo decir que el buen gobierno en la administración judicial implica trabajar sistémicamente y con gobierno electrónico: jueces-fiscales-policía-abogados-litigantes como ya lo vienen desarrollando países como Brasil y Chile, para el cual se requieren recursos económicos financieros. Caso contrario, nuestro Poder Judicial a pesar de los esfuerzos de sus Magistrados y funcionarios seguirá siendo una institución del pasado, y no competitiva que exige los tiempos modernos de calidad en la prestación de servicios a la sociedad.