EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DEL CONGRESO

 El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, Jaime Delgado Zegarra, denunció que desde hace 10 años viene operando en el país una red de corrupción entre las editoriales y los colegios, que de manera cómplice colocan los precios que quieren a los textos escolares y obligan a los padres de familia a comprarlos.

(Foto Nora García)

Según manifestó el parlamentario, esta complicidad delictiva entre editoriales y colegios, favorece el lucro por ambos lados, pues las editoriales monopolizan la venta de sus textos con determinadas instituciones educativas y éstas reciben hasta el 40% por la venta de los textos escolares,” de tal manera que los libros llegan a las manos del padre de familia con precios realmente exorbitantes”.

Delgado Zegarra aseveró que ya fue aprobado un proyecto de Ley que presentó el año pasado y se encuentra en la Comisión Permanente del Congreso, el cual busca regular el comercio abusivo de textos escolares y sancionar tanto a las editoriales como a los colegios que incurran en esta falta.

PADRES NO DEBEN PAGAR

Por otro lado, el parlamentario sostuvo que en el caso de las instituciones educativas públicas, los padres de familia deben tener presente sus derechos y que la educación de sus hijos es gratuita, pues así lo garantiza el Estado.

“En los colegios estatales no se puede cobrar ni un céntimo de sol por ningún rubro, ni materiales, ni matrícula, pues el Estado provee de todo esto. Los únicos que están autorizados cobrar las Apafas es el 1.5% de una UIT anual, para hacer mejoras en el colegio así como para implementación tecnológica; sin embargo este pago no es obligatorio”, aclaró Delgado Zegarra.

En el caso del sector privado, las instituciones educativas se rigen por el libre mercado, pero aún así la cuota de la matrícula no puede exceder el costo de un mes de pensión y está prohibido exigir el pago de pensiones adelantadas, esto es sancionado por ley, sostuvo el congresista. “Los promotores y directores de colegios particulares están prohibidos de pedir por adelantado el mes de abril, por ejemplo. De ninguna manera, se paga el mes de pensión cumplido”, abundó.

El parlamentario anotó que es sabido que en provincias se cometen estas y muchas otras irregularidades, por ello conminó a los padres de familia a denunciar estos excesos en la Direcciones Regionales de Educación de su sector, en la sede de Indecopi de su localidad y también en algún organismo que vele por los derechos de los consumidores. “No deben permitir estos abusos”, puntualizó.