En el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo – OIT institucionalizó el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para reflexionar sobre la situación de miles de niños, niñas y adolescentes que trabajan. Cuatro años después, el Estado peruano instituyó esta misma fecha como el Día contra el Trabajo Infantil – Resolución Ministerial Nº 213-2006-TR-, con la finalidad de realizar actividades de prevención y erradicación de este trabajo en nuestro país.
Un día como este, nos recuerda la responsabilidad que como Estado y sociedad tenemos para prevenir y erradicar el trabajo infantil. En tal sentido, resulta importante tener en cuenta lo que ha recomendado el Comité de los Derechos del Niño al Estado peruano en materia de trabajo infantil, así como cuál ha sido su respuesta a estas recomendaciones y cuáles son los problemas subsistentes.
Al respecto, cabe indicar que las recomendaciones formuladas por el Comité han estado referidas a incrementar la edad mínima para autorizar el trabajo a 15 años, ratificar los Convenios 138 y 182 de la OIT, adoptar medidas eficaces para ocuparse de la situación de los niños, niñas y adolescentes que intervienen en trabajos peligrosos, conocer el número de niños que trabajan, asignar mayor presupuesto para el Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, entre otros aspectos.
Frente a estas recomendaciones, el Estado peruano ha cumplido con ratificar los Convenios N°138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Asimismo, ha expedido normas respecto a las edades requeridas para trabajar en determinadas actividades y ha implementado diversos planes tales como el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2005-2010, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002-2010 y el reciente aprobado Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021.
En cuanto al desarrollo de acciones específicas, cabe destacar la creación del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil – CPETI, acción que ha sido implementada también en diversas regiones. Además, se han lanzado campañas para sensibilizar a la población sobre la necesidad de eliminar el trabajo infantil.
De otro lado, en el año 2007, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aplicó una Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil; el Ministerio de Educación realizó una serie de acciones, como la incorporación de presupuesto para materiales educativos de prevención de este trabajo; mientras que el Ministerio del Interior, mediante la Dirección de Familia, Participación y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú, realizó eventos educativos dirigidos a los efectivos policiales del Programa Colibrí, programa que se ha venido desarrollando en 180 comisarías de todo el ámbito nacional.
Si bien existen avances normativos y acciones precisas para prevenir y eliminar progresivamente el trabajo infantil en nuestro país, aún se carece de una política pública sostenida para revertir este problema, pues a pesar de haber transcurrido varios años desde la ratificación de los Convenios Nº 138 y 182 de la OIT aún tenemos niños, niñas y adolescentes trabajando en ladrilleras, en mineras artesanales de oro, prestando servicio doméstico o realizando trabajo peligrosos y no acordes con su edad. Esta situación se torna aún más crítica si se tiene en consideración que en el Perú, al 2011, la población de niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años que trabajan asciende a 1 millón 795 mil 100, según las últimas cifras proporcionadas por el INEI de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares. Asimismo, se señaló que el 70,6% de los niños, niñas y adolescentes solo estudiaron, el 19,3% estudiaron y trabajaron, el 5,2% solo trabajó y el 4,8% no estudió ni trabajó.
Como se puede advertir, el trabajo infantil constituye un problema que afecta el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y, sobre todo, el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales (educación, salud, recreación, entre otros). En consecuencia, resulta fundamental articular esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil para dar una solución definitiva a este problema, así como también urge aprobar la Estrategia Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil 2012-2021.
La erradicación del trabajo infantil requiere de la reflexión y del compromiso de todos y todas, de tal modo que el crecimiento económico que se reconoce a nuestro país vaya de la mano con el respeto y protección de los derechos de los más vulnerables, es decir, de nuestros niños, niñas y adolescentes. No olvidemos que esta lucha no es solo es una cuestión de derechos humanos sino también de justicia social, tal como lo ha señalado la OIT.
Matilde Cobeña Vásquez
Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
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