ROSA MARIA PALACIOS
Desde que se inició el combate al terrorismo en los años ochenta, se ofrecieron beneficios económicos a quienes cayeran en acción de armas. Primero fue a los policías y luego, a partir de 1992, se extendieron y unificaron las normas para policías y militares. ¿Qué les debe el Estado a los familiares de fallecidos y a aquellos que quedaron discapacitados? No mucho, la verdad. Una vivienda, 15 UITS (unos S/.54,000) y el ascenso al grado superior, lo que en términos pensionarios no es más de S/.50 la mayoría de las veces. Hay también las reparaciones ofrecidas por la CVR, pero de eso no hay nada concreto aún.
No es mucho, repito, pero lo peor es que no se cumple. No se paga, ni siquiera con resoluciones judiciales lo que ordena la ley y el sistema judicial. Ni siquiera con sentencias del Tribunal Constitucional. No importa ya qué puerta toques porque, aquí, el Estado de Derecho, ese que defendieron policías y militares con su vida, no existe. No se paga porque no hay plata presupuestada para esto. No se entregan las casas, porque no hay programas de vivienda. Así de simple.
Un policía o un militar honrado sabe que su institución no los va a hacer ricos. Su remuneración y pensión será baja. Eso ya lo sabe y lo puede prevenir. Lo que es inaceptable es que una ley garantice algo que el Estado jamás va a cumplir. Y lo peor es el vía crucis administrativo que viudas, padres, hijos o los propios discapacitados tienen que hacer durante meses y años para recibir un “no” como respuesta o el ofrecimiento de pagos menores o el asalto de “tramitadores” que les ofrecen sacarles los papeles y los beneficios que jamás aparecerán.
Porque aquí también, como en todas partes, florece la corrupción.
No es un problema de este gobierno. Tampoco podríamos decir que se heredó del gobierno anterior. ¡Viene desde los noventa! Se calcula que hay unas 3,000 personas en las Fuerzas Armadas esperando. No sé cuántas sean de la Policía Nacional, pero supongo que pueden ser más. Podemos estar hablando de una deuda unos S/.300´000,000, cantidad significativa pero que, con un adecuado cronograma, puede ser honrada en un país no solo próspero, pero que se jacta de “tener palabra”.
Mientras tanto, políticos de distinto pelaje que se llenan la boca hablando de “nuestros héroes” -y que despotrican de los defensores de derechos humanos llegando a mentir sistemáticamente sobre un supuesto abandono de la sociedad a quienes los defienden- no han movido un dedo, ¡un dedo! por hacer, en cuatro gobiernos, lo único a lo que están obligados: hacer cumplir la ley.
Si el Estado no puede pagar lo que ofrece, que deje las hipocresías de lado. Que el Congreso derogue la ley y le diga la verdad al policía o al militar: si mueres, tu familia no recibe nada. Si pierdes una pierna, tu problema. Si necesitas una prótesis, ya tú ve qué institución caritativa te la regala. Si requieres de una silla de ruedas, mendígala. Anda a los medios y llora un poco para que, dando lástima, te ayuden.
Disculpen la crudeza, pero ese es mi pan nuestro de cada día. Yo no quiero ver más madres ni viudas abandonadas y llorosas llegar a mi puerta. No es justo, ni para ellas ni para los que murieron en el nombre de la patria.
No es mucho, repito, pero lo peor es que no se cumple. No se paga, ni siquiera con resoluciones judiciales lo que ordena la ley y el sistema judicial. Ni siquiera con sentencias del Tribunal Constitucional. No importa ya qué puerta toques porque, aquí, el Estado de Derecho, ese que defendieron policías y militares con su vida, no existe. No se paga porque no hay plata presupuestada para esto. No se entregan las casas, porque no hay programas de vivienda. Así de simple.
Un policía o un militar honrado sabe que su institución no los va a hacer ricos. Su remuneración y pensión será baja. Eso ya lo sabe y lo puede prevenir. Lo que es inaceptable es que una ley garantice algo que el Estado jamás va a cumplir. Y lo peor es el vía crucis administrativo que viudas, padres, hijos o los propios discapacitados tienen que hacer durante meses y años para recibir un “no” como respuesta o el ofrecimiento de pagos menores o el asalto de “tramitadores” que les ofrecen sacarles los papeles y los beneficios que jamás aparecerán.
Porque aquí también, como en todas partes, florece la corrupción.
No es un problema de este gobierno. Tampoco podríamos decir que se heredó del gobierno anterior. ¡Viene desde los noventa! Se calcula que hay unas 3,000 personas en las Fuerzas Armadas esperando. No sé cuántas sean de la Policía Nacional, pero supongo que pueden ser más. Podemos estar hablando de una deuda unos S/.300´000,000, cantidad significativa pero que, con un adecuado cronograma, puede ser honrada en un país no solo próspero, pero que se jacta de “tener palabra”.
Mientras tanto, políticos de distinto pelaje que se llenan la boca hablando de “nuestros héroes” -y que despotrican de los defensores de derechos humanos llegando a mentir sistemáticamente sobre un supuesto abandono de la sociedad a quienes los defienden- no han movido un dedo, ¡un dedo! por hacer, en cuatro gobiernos, lo único a lo que están obligados: hacer cumplir la ley.
Si el Estado no puede pagar lo que ofrece, que deje las hipocresías de lado. Que el Congreso derogue la ley y le diga la verdad al policía o al militar: si mueres, tu familia no recibe nada. Si pierdes una pierna, tu problema. Si necesitas una prótesis, ya tú ve qué institución caritativa te la regala. Si requieres de una silla de ruedas, mendígala. Anda a los medios y llora un poco para que, dando lástima, te ayuden.
Disculpen la crudeza, pero ese es mi pan nuestro de cada día. Yo no quiero ver más madres ni viudas abandonadas y llorosas llegar a mi puerta. No es justo, ni para ellas ni para los que murieron en el nombre de la patria.
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