En el objetivo de contribuir con combatir la inseguridad ciudadana, el Ministerio Público aprobó una importante circular referida al debido otorgamiento de beneficios penitenciarios, mediante la Resolución Nº 1809-2011-MP-FN. En ella se insta a que estas medidas son incentivos y estímulos del interno, y no propiamente un derecho.
"La reducción de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y libertad condicional, son incentivos y estímulos del interno", refiere la norma suscrita por el fiscal de la Nación, José Peláez, quien advierte que estas medidas vienen siendo utilizadas de manera indiscriminada, por lo que se hace necesario instruir a los magistrados de esta institución, para que al momento de emitir sus dictámenes relacionados con el otorgamiento de los mismos observen ciertos criterios objetivos que además sean debidamente fundamentados.
En este contexto, la resolución señala que los informes del consejo técnico penitenciario no tienen carácter vinculante para los miembros del Ministerio Público. Además que el fiscal para que opine favorablemente sobre el otorgamiento de un beneficio penitenciario debe tener en cuenta que el interno, efectivamente, se halla habilitado y que se prevea razonablemente que no cometerá nuevo delito.
Regula, finalmente, ciertos deberes a cargo de los fiscales al atender estos casos. Entre ellos, que los fiscales provinciales y/o mixtos deben hacer un estudio del cuaderno del beneficio penitenciario, a fin de que se cumpla el propósito de la norma.
Luego, si el fiscal advierte o presume una irregularidad en la tramitación del otorgamiento del beneficio debe remitir copia del cuadernillo a la oficina de control de la magistratura y a la fiscalía de control interno correspondiente; y, finalmente, los fiscales superiores, jefes de las oficinas desconcentradas de control interno, cada tres meses deberán verificar la correcta aplicación de esta circular y de las normas legales pertinentes, informando a la Fiscalía de la Nación sobre las acciones adoptadas.
Sistema normativo
En nuestro sistema normativo existen una serie de normas legales que sirven de sustento formal para guiar el proceso de ejecución de las penas, encontrándose precisamente dentro de ese marco los beneficios penitenciarios. Dichas medidas son estímulos que forman parte del tratamiento progresivo del interno y que responden a las exigencias de individualización de la pena.
Piden mayor rigor en reincidencia
Para contribuir en la elaboración de una política pública en materia de seguridad ciudadana, el Ministerio Público solicitó al Parlamento la eliminación de los beneficios penitenciarios para los casos de reincidentes en la comisión de delitos.
Igualmente, regular en un solo cuerpo legal los diversos casos de otorgamiento de estas medidas, que actualmente están consideradas normas dispersas, llevando a cabo cambios en su aplicación, en algunos casos, refiere un proyecto de ley remitido con carácter de urgencia por la Fiscalía de la Nación al Parlamento Nacional.
La iniciativa también considera un mayor número de delitos en los que no procedería el otorgamiento de estos beneficios, por su extrema peligrosidad para la sociedad, como las formas agravadas de lesiones, en especial cuando las víctimas son menores de edad o por violencia familiar; instigación o participación en pandillaje pernicioso; secuestro; trata de personas, violación sexual de menor de edad y si deviene en muerte o lesión grave; formas agravadas de los delitos de violación sexual; hurto y robo agravado, extorsión; comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva; tráfico ilícito de insumos químicos y productos; delito de terrorismo; modalidad agravada del delito de lavado de activos, entre otros.
Finalmente, establece criterios objetivos a efectos de que el juez dicte la medida que corresponda, así como determinados aspectos no contemplados anteriormente en la documentación que debe ser adjuntada por el consejo técnico penitenciario.
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