Congreso. Comisión de ética del Congreso Debatirá Sanciones. Proyecto de ley del presidente del Congreso obliga a inhibirse en casos en los que se favorezca a empresas privadas o familiares.
El conflicto de intereses en el que incurren congresistas al presentar proyectos de ley o integrar comisiones para favorecer sus actividades privadas llegaría a su fin de aprobarse el proyecto de ley presentado por el titular del Congreso, Daniel Abugattás.
La iniciativa 242/2011-2012 busca incluir la figura del conflicto de intereses en la función congresal para sancionar con suspensión el favorecimiento indebido del cargo y hacer transparente la gestión.
Gana Perú pretende modificar el artículo 20 del reglamento legislativo para fijar que incurren en conflicto de intereses quienes “dentro del año inmediatamente anterior a su elección hayan prestado servicios remunerados a gremios o personas jurídicas (empresas privadas), en cuyos intereses o negocios incidan directamente sus funciones legislativas”.
Los congresistas tampoco podrán desarrollar funciones cuando estas afectan los intereses de su cónyuge, pareja permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o socios comerciales.
Tampoco si afectan a las empresas de las que el legislador sea gerente, apoderado, representante, mandatario, accionista mayoritario, abogado o miembro del directorio.
Podrían ser suspendidos
La iniciativa crea un “Registro de Intereses Privados” en el que los congresistas informarán sobre sus actividades económicas.
Se obliga al legislador a informar por escrito a la mesa directiva o a la comisión respectiva si incurre en este conflicto con el fin de excusarse de la votación.
De no hacerlo será denunciado ante la Comisión de Ética que de modo sumario (en tres días) emitirá la sanción que varía desde amonestación a suspensión de funciones hasta por 120 días.
No todos, sin embargo, apoyan la iniciativa. “Es cierto que en mi comisión hay propietarios de universidades, pero un dictamen no es responsabilidad de un solo legislador y finalmente se somete al Pleno. Sería excesivo limitar el derecho de un congresista a participar, debatir o votar bajo la presunción de culpabilidad”, señaló Renán Espinoza, titular de Educación y miembro de Alianza Parlamentaria. Señaló que el tema más que reglamentario es de conducta.
En comisiones de Energía y Minas y Educación
El caso más evidente de conflicto ocurre en la Comisión de Energía y Minas, en la que tres legisladores miembros tienen intereses en minería: Amado Romero –ya fue retirado– (Gana Perú), Francisco Ccama y Néstor Valqui (ambos del fujimorismo). Romero además presentó un proyecto de ley a favor de mineros informales y Ccama está denunciado por la contaminación que genera su empresa minera en Puno. En Educación, Richard Acuña y José Elías tienen intereses en universidades privadas.
En el periodo anterior, congresistas apristas propietarios de la Universidad Alas Peruanas integraron este grupo y fueron denunciados constitucionalmente, pero no prosperó. Ayer, Javier Diez Canseco (GP) propuso que la inmunidad no alcance a los legisladores denunciados por delitos comunes.
El conflicto de intereses en el que incurren congresistas al presentar proyectos de ley o integrar comisiones para favorecer sus actividades privadas llegaría a su fin de aprobarse el proyecto de ley presentado por el titular del Congreso, Daniel Abugattás.
La iniciativa 242/2011-2012 busca incluir la figura del conflicto de intereses en la función congresal para sancionar con suspensión el favorecimiento indebido del cargo y hacer transparente la gestión.
Gana Perú pretende modificar el artículo 20 del reglamento legislativo para fijar que incurren en conflicto de intereses quienes “dentro del año inmediatamente anterior a su elección hayan prestado servicios remunerados a gremios o personas jurídicas (empresas privadas), en cuyos intereses o negocios incidan directamente sus funciones legislativas”.
Los congresistas tampoco podrán desarrollar funciones cuando estas afectan los intereses de su cónyuge, pareja permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o socios comerciales.
Tampoco si afectan a las empresas de las que el legislador sea gerente, apoderado, representante, mandatario, accionista mayoritario, abogado o miembro del directorio.
Podrían ser suspendidos
La iniciativa crea un “Registro de Intereses Privados” en el que los congresistas informarán sobre sus actividades económicas.
Se obliga al legislador a informar por escrito a la mesa directiva o a la comisión respectiva si incurre en este conflicto con el fin de excusarse de la votación.
De no hacerlo será denunciado ante la Comisión de Ética que de modo sumario (en tres días) emitirá la sanción que varía desde amonestación a suspensión de funciones hasta por 120 días.
No todos, sin embargo, apoyan la iniciativa. “Es cierto que en mi comisión hay propietarios de universidades, pero un dictamen no es responsabilidad de un solo legislador y finalmente se somete al Pleno. Sería excesivo limitar el derecho de un congresista a participar, debatir o votar bajo la presunción de culpabilidad”, señaló Renán Espinoza, titular de Educación y miembro de Alianza Parlamentaria. Señaló que el tema más que reglamentario es de conducta.
En comisiones de Energía y Minas y Educación
El caso más evidente de conflicto ocurre en la Comisión de Energía y Minas, en la que tres legisladores miembros tienen intereses en minería: Amado Romero –ya fue retirado– (Gana Perú), Francisco Ccama y Néstor Valqui (ambos del fujimorismo). Romero además presentó un proyecto de ley a favor de mineros informales y Ccama está denunciado por la contaminación que genera su empresa minera en Puno. En Educación, Richard Acuña y José Elías tienen intereses en universidades privadas.
En el periodo anterior, congresistas apristas propietarios de la Universidad Alas Peruanas integraron este grupo y fueron denunciados constitucionalmente, pero no prosperó. Ayer, Javier Diez Canseco (GP) propuso que la inmunidad no alcance a los legisladores denunciados por delitos comunes.
FUENTE . EL CORREO
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