FUSCALIZARAN COLEGIOS

El Libro de Reclamaciones es un instrumento que facilita la participación y el derecho a la fiscalización ciudadana. Permite identificar problemas y solucionar las deficiencias que pudieran presentar la calidad de los servicios de las instituciones públicas y privadas. Por ello, su uso es de suma importancia.

Y pese a que en mayo del 2011 un decreto supremo estableciera la obligación de las entidades estatales para que cuenten con un Libro de Reclamaciones, todavía existen instituciones que no terminan de acondicionar un espacio para este documento o su implementación no termina de ser de uso cotidiano.

Un caso se presentó en la Beneficencia Pública de Ica. Una ciudadana quiso presentar su queja por malos servicios, pero el Libro de Reclamaciones no estaba disponible. "Cuando lo solicité me dijeron que se hallaba en la oficina del asesor legal, pero como él no estaba no me lo podían dar", sostuvo la vecina, quien tuvo que ir a la Oficina Defensorial de Ica para presentar el reclamo contra la Beneficencia.

Al respecto, nuestra entidad emitió un oficio ante la institución quejada, solicitando información sobre la disponibilidad y ubicación del libro, a fin de que los usuarios accedan a él durante el horario de atención al público.

La beneficencia informó que este libro está a cargo del asesor legal, en cuya oficina está disponible el documento. La defensoría recomendó que el texto debe quedar a cargo de un funcionario que responda ante la ausencia del asesor legal y así evitar que se restrinja el derecho de los ciudadanos a presentar sus reclamos. La beneficencia acogió la recomendación y mediante un memorándum dispuso que, enausencia del asesor legal, el libro estará disponible en el despacho de la gerencia. De esta forma, se garantiza la fiscalización ciudadana a los organismos del Estado.

Finalmente, la defensoría recordó la obligación de las entidades públicas de contar con este libro a fin de establecer un mecanismo de participación ciudadana en busca de la eficiencia del Estado, y salvaguarde los derechos de los usuarios frente a la atención en los trámites y servicios que se les brinda.