Procesados por corrupción pagarán más arancel por esta defensa--Sector Justicia adopta además mecanismos para efectivizar los pagos
Los procesados por corrupción pagarán, en adelante, un arancel más alto para recibir el patrocinio legal de los abogados del Estado, cuya tabla de aranceles para la prestación del referido servicio de defensa pública fue aprobado por el Ministerio de Justicia mediante el DS Nº 007-2012-JUS.
El sector Justicia, de esa manera, da cumplimiento a la Ley Nº 29360, que regula el marco jurídico de este servicio y establece las razones por las que se deja sin efecto la gratuidad del asesoramiento de defensa pública, lo que hacía necesario fijar los mecanismos de cobro, explicó el titular del sector, Juan Jiménez Mayor, quien agregó que de este modo se prioriza la atención gratuita a las personas de escasos recursos, así como a la protección de víctimas.
"El Minjus comienza así el cobro de los servicios de defensa pública en los casos de personas corruptas, entre otras, que, por maniobras judiciales, quieren que el Estado los defienda. Nuestra línea de trabajo es ahora, principalmente, la defensa de víctimas", expresó la autoridad, al comentar los alcances de esta decisión.
En efecto, la norma corrige las consecuencias que generaba a la cobertura de este servicio que personas con recursos económicos, como funcionarios públicos procesados por delitos de corrupción, se beneficiaran de la atención gratuita que ofrece la Dirección General de Defensa Pública.
Así, el tráfico de influencias, peculado, cohecho, colusión, malversación de fondos, abuso de autoridad y cobro indebido son algunos de los delitos cometidos por funcionarios públicos, cuyas sanciones contempla el Código Penal, a los cuales se aplicará el arancel máximo para acceder al servicio de defensa pública en cualquier tipo de acción procesal.
Pago por cada actuación procesal
El arancel para la prestación del servicio de defensa pública tiene como base de cálculo la Remuneración Mínima Vital. Además, el pago del monto fijado se realizará antes de cada acción procesal de un defensor, al cual se le añadirán los intereses legales de no cumplirse con su cancelación, refiere la norma.
Las escalas del arancel para el acceso de estos servicios se dividen en tres escalas, según ingresos o patrimonio. La primera contempla a las personas con ingresos o bienes mayores a S/. 25 mil y hasta S/. 50 mil, que abonarán el 20% del arancel.
El segundo, a personas con patrimonios mayores a S/. 50 mil y hasta S/. 150 mil, que abonarán el 60%, y, el último, para quienes superan los S/. 150 mil en ingresos o patrimonio, que pagarán el íntegro
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