Vital. Gobierno promueve el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
En efecto, el Poder
Ejecutivo accedió a la solicitud de extradición activa del peruano Raúl
Iván Vértiz Loyola, formulada por el juzgado penal liquidador
transitorio de Nuevo Chimbote de la Corte del Santa y declarada
procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, refiere la
Resolución Suprema 147-2012-JUS que demanda este retorno por vía
diplomática al Reino Unido, de conformidad con el tratado vigente y lo
estipulado por las normas legales peruanas aplicables al caso.
El proceso
Según
el Informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de
Condenas, el reclamado es procesado por la presunta comisión del delito
contra la familia y omisión de asistencia familiar, en agravio de su
menor hijo. Por ello, se le imputa haber incumplido la obligación de
prestar los alimentos a favor de su menor hijo, en los términos
establecidos en la transacción extrajudicial del 19 de diciembre de
2008, con mérito de cosa juzgada dentro del proceso de alimentos
realizado ante el Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Nuevo
Chimbote.
Se le acusa también de incumplir con lo fijado en la
Resolución N° 05, del 7 de agosto de 2009, que aprueba la liquidación
de pensiones devengadas y que ordena el pago de 1,515 nuevos soles a
favor de su menor hijo desde enero a mayo de 2009.
Se trata de
un delito común y no existe resolución emitida por algún poder del
Estado que lo haya absuelto, indultado o amnistiado. Además, la pena
conminada al delito de omisión de asistencia familiar, que no ha
prescrito, no es inferior a un año de prisión, agrega la resolución en
análisis suscrita por la titular de Justicia, Eda Rivas.
Justificación
La
extradición fue solicitada a España porque la Policía Internacional
(Interpol) determinó que Vértiz Loyola tiene domicilio en la capital de
ese país, señala la resolución. Al respecto, la legislación señala que
para ser viable una extradición solo se requiere que la persona se
encuentre localizada en el país requerido, pues no es obligatorio que
esté detenido.
Se trata del segundo caso de extradición al que
accede el Ministerio de Justicia en su esfuerzo para dar solución a los
miles de casos de personas que carecen de alimentos y que sus
progenitores tampoco están cumpliendo con esta obligación.
Bien jurídico protegido
Para
las autoridades peruanas, el acceder a la extradición evitará la
impunidad, considerando la importancia que tiene el cumplimiento de la
prestación de alimentos. Ello, en atención a que el bien jurídico
protegido es la familia, específicamente, el deber de tipo asistencial
como obligación de los padres con sus descendientes.
Se
evitará asimismo el incremento de los delitos de omisión a la asistencia
familiar, además de fortalecer la cooperación judicial internacional
entre los jueces, ejecutando las normas del tratado de extradición entre
el Perú y el Reino de España.
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