SOBRE LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ASEGURAR EL DERECHO AL AGUA REFLEXIONES EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA

No se puede negar que a lo largo de estos años la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado en nuestro país ha ido en aumento tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales, aunque en este último caso aún con serias restricciones.
Es así que en el Día Mundial del Agua, se acostumbra señalar el incremento de la cobertura del servicio, las grandes cantidades invertidas en la generación de infraestructura de saneamiento y los proyectos que están por emprenderse. Sin embargo, también debemos poner atención en la calidad de dicho gasto y la sostenibilidad de las obras ejecutadas. En este punto, debemos preguntarnos ¿Es efectiva la supervisión a las municipalidades y empresas en cuanto a la calidad e idoneidad de la infraestructura construida? ¿Qué medidas aplica el Estado a las empresas contratistas que incumplen con culminar las obras en el tiempo requerido o las dejan inconclusas? ¿Qué mecanismos legales tienen los ciudadanos a efectos de exigir una infraestructura adecuada?
Las respuestas a estas preguntas no son alentadoras, pues los mecanismos de supervisión y control no son suficientemente efectivas por parte del Estado. Esta situación ha sido constatada por la Defensoría del Pueblo, quien a través de sus Oficinas Defensoriales a nivel nacional ha tomado conocimiento de 14 proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, cuya ejecución de obras se encuentra paralizada o existen demoras en la continuación de dichos trabajos. Varios de estos proyectos, localizados en Áncash, Apurímac, Callao, La Libertad, Lambayeque, Moquegua y Tumbes, fueron iniciados el año 2009, invirtiéndose más de 125 millones de soles provenientes de los recursos públicos, inversión que aún no se materializa en beneficio efectivo de la población.
Brindar a la población peruana servicios de agua potable y alcantarillado adecuados en cantidad, calidad, cobertura y sostenibilidad a través de la ejecución de proyectos y actividades de saneamiento básico es una obligación del Estado. Por ello, es preciso que los recursos destinados a la infraestructura en agua y saneamiento sean cautelados por las distintas entidades involucradas: entes normativos; entidades ejecutoras, operadores; reguladores y usuarios. El accionar de dichos actores debe garantizar un adecuado diseño y gestión de la infraestructura para los servicios de agua potable y saneamiento; así como atender la correcta operación y mantenimiento de las obras.
En este Día Mundial del Agua debemos tener presente los retos que afrontamos para que el servicio de agua potable llegue a todo el país y en condiciones adecuadas de calidad, el Estado tiene que desplegar mayores esfuerzos, no sólo en la generación y gestión de la infraestructura de saneamiento, sino también en la fiscalización de la calidad de la ejecución del gasto destinado para estas obras en todos los niveles de gobierno. En suma, más inversión pero con más supervisión y fiscalización.
Giannina Avendaño Vilca
Jefe del Área de Servicios Públicos
Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas