La situación carcelaria en el Perú es el resultado del abandono al que ha sido sometida por el Estado. Diversos informes ponen en evidencia que la situación de las cárceles, de los internos y del personal penitenciario se ha deteriorado gravemente, debido al hacinamiento, el descontrol y la corrupción.
Sería injusto decir que los presidentes del INPE o los ministros de Justicia no han mostrado interés en mejorar esta situación. Pero el problema es complejo y los planes nunca llegan a concretarse.
En la actual gestión hay algunas mejoras específicas, como el anuncio de la construcción de dos penales y la ampliación de pabellones; el aumento del personal de seguridad y la compra de equipos de seguridad. Sin embargo, ¿por qué no hay resultados concretos y efectivos?
Para superar la crisis debemos incrementar la capacidad penitenciaria, creando 10 nuevos penales en los próximos 5 años. Si no lo hacemos, no hay solución posible al hacinamiento. Además, requerimos reforzar –en serio– la seguridad carcelaria e imponer la disciplina a fin de evitar la planificación de delitos desde las cárceles. Hay que impedir el ingreso de armas, celulares y drogas impunemente. Sin duda, un cambio fundamental en el sistema penitenciario debe ser la lucha frontal contra la corrupción en los penales y el trato privilegiado a algunos internos. Para ello, se requiere contar con más personal, adecuadamente seleccionado y capacitado, con controles a su actuación y condiciones laborales dignas.
Con ello se requiere un adecuado tratamiento resocializador, en especial para los delincuentes juveniles y primarios; además de una clara política de despenalización para los jóvenes que han cometido delitos menores y están arrepentidos. De lo contrario, las cárceles seguirán siendo escuelas del delito.
En suma, se requiere voluntad política para dar soluciones. Asignar recursos sostenidos para atender las necesidades materiales del sistema penitenciario, al igual que el respaldo político e institucional permanente para combatir la corrupción.
La situación actual es crítica. Solo un compromiso serio y responsable con la política de seguridad ciudadana podrá poner fin a este estado de cosas. Ello constituye una obligación y un mandato ético. La sociedad requiere que el Estado aporte soluciones eficaces y no solo coyunturales, que terminan siendo inocuas. El Estado no puede perder el control y la seguridad de las cárceles.
Eduardo Vega Luna
Defensor del Pueblo (e)
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