En la última supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo a los nueve centros juveniles que existen en el país (febrero- junio de 2012) se pudieron constatar los importantes esfuerzos realizados por el Poder Judicial –la institución que se encuentra a cargo de dichos centros para mejorar las condiciones de internamiento de los adolescentes infractores, así como para ofrecer adecuados programas de tratamiento que resulten eficaces para su recuperación y reinserción.
Este compromiso muestra una experiencia inusual: una institución ha decidido no solo contar con la buena voluntad de sus servidores y del personal a cargo de los centros juveniles, sino que –principalmente– ha aportado los recursos económicos necesarios para iniciar una reforma desde el 2011. Ello pone en evidencia una clara voluntad política de invertir con responsabilidad y mirando el futuro, lo cual garantiza logros positivos que se traducen en resultados mensurables, concretos y objetivos. En rigor, estas medidas deben servir en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Así, las tasas de reincidencia demostrarían que se están obteniendo resultados positivos en los programas de tratamiento destinados a los casos de infracciones de considerable magnitud y gravedad. Pero, al mismo tiempo, traen nuevos desafíos para las entidades responsables o vinculadas con esta temática. El error sería bajar la guardia pensando que ya todo está resuelto. Una política pública integral y articulada requiere un sistema de monitoreo permanente para identificar los avances, así como para corregir los errores de manera inmediata.
Los logros obtenidos han requerido el esfuerzo y el compromiso del personal de los centros juveniles, así como un incremento significativo del presupuesto asignado a estos centros. Así, en 2007 se destinó un monto de S/. 17’835,000.00, en tanto que en 2011 el presupuesto se incrementó a S/. 23’481,000.00. En lo referente a 2012, esta cifra se ha elevado a S/. 25’953,000.00.
En la práctica, esto ha implicado que se incremente el personal de tratamiento en un 18%; mejore la infraestructura y ambientes para escuelas, talleres, dormitorios, patios, baños, comedores, etcétera; se implementen salas de cómputo, wawawasi (para hijos de adolescentes infractoras), salas de videoconferencia (para prevenir traslados que implican situaciones de riesgo y que, a su vez, son costosos) y que se mejoren las condiciones de seguridad con la instalación de cámaras de seguridad y con la construcción de casetas de vigilancia, entre otros.
ACCIONES URGENTES
En la actualidad, de los nuevos centros juveniles, solo dos de ellos requieren, con suma urgencia, mejoras en su infraestructura (Trujillo y Huancayo) y, por lo menos, uno de ellos (El Tambo, en Huancayo) cuenta con un proyecto de estudio de inversión para estos fines.
El personal de tratamiento complementa su labor, en los casos de los adolescentes que sufren problemas de drogas, con el apoyo de Devida, gracias a un convenio suscrito. Éste ha hecho posible la instalación de ambientes especiales para brindar tratamiento personal y grupal, además de la contratación de 12 psicólogos, 5 de los cuales laboran en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.
En este último centro, la medida constituye un avance importante si se considera que por lo menos 350 de los 740 adolescentes presentan una situación de dependencia. Así, se busca hacer frente a uno de los tantos factores que inciden en la conducta ilícita de un adolescente, sin pretender desconocer la falta de educación, acceso al trabajo y oportunidades para desarrollarse que, muchas veces, aparece como una constante en el perfil de los infractores.
No podemos permanecer indiferentes a esta realidad. Los centros juveniles deben mantener sus esfuerzos para reducir la tasa de reincidencia de los adolescentes que encuentren en la conducta delictiva una salida a sus carencias personales, familiares y sociales.
No se puede negar que existen adolescentes con serios problemas de conducta, cuyos antecedentes son difíciles de atender. Eso también demanda una atención especializada, pero ésa no es la realidad de la mayoría de los jóvenes que albergan estos centros en nuestro país.
Recomendaciones
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo propone aplicar una política integral y articulada desde el Estado para atender al sistema penal juvenil, a sabiendas de que no es una tarea sencilla y que, por ello, requiere la participación de todos los sectores vinculados con esta temática. El Poder Judicial constituye una entidad clave en razón de que tiene a su cargo la administración de estos centros. Por otro lado, al Ministerio de Educación le corresponde apoyar en el fortalecimiento de los programas educativos que se imparte en los centros juveniles.
El Ministerio de Salud debe asumir y garantizar que la labor que está cumpliendo Devida no se paralice. Por el contrario, es preciso mantener, fortalecer y dotar a todos los centros juveniles de suficientes psicólogos, psiquiatras y especialistas que atiendan la salud mental de estos jóvenes y de sus familias. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debe considerar a los adolescentes infractores que hayan demostrado su compromiso por enmendar su camino como beneficiarios de los programas de promoción del empleo.
Éstas son algunas recomendaciones que intentan complementar la labor iniciada por el Poder Judicial para cambiar la realidad de los centros juveniles, que estuvo marcada por la indiferencia de las autoridades. La seguridad ciudadana es una obligación de todos y exige respuestas inmediatas y concretas, pero, en especial, del apoyo de todos los sectores del Estado, de los gobiernos regionales y locales, así como de la sociedad en su conjunto.
Gisella Vignolo Huamaní
Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad
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