. Nuevos retos para el cuidado del ambiente alista la OEFA en todo el país, asegura Abel Saldaña.
En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, el director de esta entidad, Abel Saldaña, adelantó además que evalúan promover la gestión privada responsable con incentivos como las compensaciones.
¿Cuáles son los retos de la dirección a su cargo?
–El gran reto, bajo las políticas dictadas por la alta dirección de la presidencia del consejo directivo del OEFA, es concluir en este año con los aproximadamente dos mil expedientes de fiscalización asumidos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), de los cuales el 80% corresponde a la gran y mediana minería. Esto significa iniciar los procedimientos administrativos sancionadores y emitir las resoluciones de sanción o de archivo.
¿Qué ocurre con los plazos legales para estos procesos?
–En efecto, un segundo gran reto será lograr que los procedimientos administrativos sancionadores se realicen en el plazo legal establecido, de tal manera que cuando una comunidad formule su denuncia, observe que se ha cumplido con la supervisión y que existe una efectiva presencia del Estado a través de medidas correctivas y sancionadoras dentro de un plazo oportuno, que responda a las expectativas de los pobladores. El actuar del Estado tiene que ser eficiente, eficaz, pero principalmente oportuno. Nuestra dirección se está reforzando con profesionales muy calificados, porque asumiremos también la fiscalización en materia de pesquería.
¿Alistan alguna norma?
–Estamos elaborando el reglamento de incentivos para las buenas compañías mineras. Está por definirse si habrá certificación, estímulo o compensación, pero esto también es un reto. Tenemos que trabajarlo para que las demás entidades a los diferentes niveles de gobierno los puedan implementar.
Con la publicación del D. Leg. 1101 que regula el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, como mecanismo de lucha contra la minería ilegal, ¿qué nuevas competencia asume el OEFA?
–Ahora, los gobiernos regionales son competentes para fiscalizar al pequeño productor minero y a la minería artesanal, pero si –por ejemplo- un pequeño productor excede la titularidad de más de dos mil hectáreas o la cantidad de su producción supera las 350 toneladas métricas por día, la fiscalización será de competencia del OEFA previa comunicación del gobierno regional pertinente. Este decreto busca que los gobiernos regionales fiscalicen de manera más efectiva y encarga a nuestro organismo monitorear que ellos cumplan con ese trabajo, para lo cual establece que deben comunicar trimestralmente al OEFA las acciones de fiscalización que realicen.
La norma concede a esta dependencia del Ministerio del Ambiente un plazo de 30 días para elaborar guías y procedimientos para esa comunicación, y 90 días para elaborar el formato electrónico que se usará para que la misma sea virtual. La norma encarga a los gobiernos regionales ejecutar sus tareas, mediante un plan de supervisión anual y ordena a nuestra entidad registrar el trabajo que realicen. En caso de que los gobiernos regionales incumplan su labor, el OEFA tiene la facultad de comunicar este hecho a la Contraloría General de la República, así como al Ministerio Público (MP), a través del procurador las infracciones que tengan connotación penal.
¿Habrá mayor rigor ante el incumplimiento?
–Así es. También se preparará una directiva institucional en que se establezca el procedimiento para comunicar a la Fiscalía de la Nación aquellas infracciones ambientales que tengan connotación penal. Éstas las derivaremos al procurador para que en cumplimiento de sus funciones de defensa de los intereses del Estado pueda presentar formalmente la denuncia pertinente al MP.
Sanciones impuestas
Saldaña dijo que el OEFA ha multado por un monto total de S/. 43'401,463. “De esa cifra, S/. 8'271,709 corresponden a las multas impuestas por la actual gestión, que asumió funciones en noviembre de 2011”, refirió. Sin embargo, detalló que a la fecha solo se cobraron 4'540,656, debido a los recursos de reconsideración y apelación presentados por los sancionados.
La institución, aseveró, cuenta con el Tribunal de Fiscalización Ambiental,encargado de revisar las resoluciones expedidas por la dirección de fiscalización en primera instancia. “Al elevarse las resoluciones sancionadoras a este colegiado, mediante el recurso de apelación, éstas son revisadas y el tribunal las confirma, admite las apelaciones o declara nulo el procedimiento sancionador.”
Por lo pronto, confirmó que hay que cobrar multas por S/. 9'129,000. “El OEFA estará implementando desde marzo la oficina de ejecutoría coactiva para recaudar ese dinero”, reveló.
En efecto, hasta el pasado martes, el Tribunal de Fiscalización Ambiental había emitido 34 resoluciones confirmando las sanciones de multa por un monto total de 1,928.22 UIT.
Infracciones recurrentes
Corresponde al OEFA supervisar que la actividad productiva de la extracción del recurso mineral no afecte al medioambiente. “En ese contexto, las infracciones más recurrentes son los incumplimientos de la norma que regula la actividad minera y la transgresión de los límites máximos permisibles”, detalló Saldaña.
Agregó que se remitió al Ministerio del Ambiente un cuadro de tipificación de infracciones. Además, se completó la data proporcionada por el Osinergmin sobre las tipificaciones de las actividades de exploración, explotación y almacenamiento.
“Además, estamos trabajando con multas fijas y escalonadas, para lo cual un equipo de profesionales se encarga de valorar el daño con sus respectivos factores de gradualidad que pueden atenuar o agravar la conducta”, detalló.
Asimismo, la OEFA espera promover el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental.
No hay comentarios:
Publicar un comentario