Interesante y muy completo panorama para un análisis acucioso, sobre la realidad agraria peruana y sus alternativas de desarrollo.
Dejando en claro, que el tamaño de EL LATIFUNDIO no es de carácter técnico, sino exclusivamente político (diferentes criterios de tamaño en Suramérica y Europa), y que su tamaño, entre grande ó gigante, no determina su eficiencia productiva.
Lo más rescatable, naturalmente es la adjudicación de tierras eriazas, que es la mejor manera de aumentar nuestras fronteras agrícolas, y alcanzar una mayor extensión para nuestros terrenos cultivables, lo cual nos inducirá al mejor aprovechamiento de nuestros recursos hídricos y a la ejecución de más proyectos de irrigación, complementarios en las zonas donde se desarrollen. Y lo más importante, es que no enfrenta a los latifundistas con los minifundistas, y tampoco coloca nuestra Seguridad Alimentaria Nacional en riesgo, por sus actividades agroexportadoras, sumándose más bien como nuevas generadoras de empleo.
Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), se basa en la realidad de otros países para llegar a una conclusión distinta. “Salvo Argentina, Brasil y Colombia, que sí tienen grandes extensiones agrícolas, en países de la región los terrenos agrícolas no son tan grandes. En Chile, por ejemplo, las hectáreas no superan las 10 mil y ese país es nuestro modelo de referencia agroexportador. En Europa, las unidades empresariales solo llegan a las 2.500 hectáreas”, señala.
El legislador Virgilio Acuña, autor del proyecto de ley que fija como límite las 25 mil hectáreas, refiere que en la actualidad los inversionistas están adquiriendo propiedades agrícolas por diversas vías: adjudicaciones de tierras eriazas, compra de acciones de empresas azucareras, compra de parcelas de proyectos de irrigación. La preocupación es que en esa dinámica los pequeños y medianos agricultores vendan sus tierras y se queden sin sustento económico, indica.
¿Cuál es el problema con la acumulación de tierras según esta posición? La concentración en pocas manos genera un modelo económico, social y político distinto, con un menor efecto positivo en la economía de la población rural, afirma Eguren. “En un escenario en que hablamos de inclusión, no parece lógico”, indica.
Como se recuerda, la posición del ministro de Agricultura, Luis Ginocchio Balcázar, quien en breve presentaría su proyecto sobre la materia, es que debe prevalecer el principio de equidad, más aun cuando no existe tanto terreno cultivable en el país.
Para Lucila Quintana, presidenta de Conveagro, la acumulación en pocas manos también es peligrosa para la seguridad alimentaria, en tiempos en que los precios de los alimentos importados se han disparado.
Frente a esa argumentación, Fernando Cilloniz, presidente de Inform@cción, afirma que aquella discusión es absurda, pues para él el agro está bastante diversificado. Según refiere, está menos concentrado que otras actividades productivas, como la banca o la pesca.
Chlimper, en tanto, destaca que “existe muchísimo terreno agrícola en el Perú, pero muy mal aprovechado”.En su opinión, el problema a atacar no es la concentración de tierras, sino la bajísima productividad que tienen algunas de estas.
ARMA LEGAL
Los impulsores de la propuesta arguyen que el artículo 88 de la Constitución permite fijar por ley límites a la propiedad agrícola, según las “peculiaridades de cada zona”.
No obstante, Alonso Morales, abogado en temas agrarios del estudio Torres y Torres Lara, apunta que la interpretación de ese artículo debe ir en concordancia con el modelo de libre mercado que existe en el país, y que en esos términos debería discutirse en el Legislativo.
Para el jurista Aníbal Quiroga, no está claro a qué “peculiaridades” se hace referencia en la Carga Magna. En todo caso, dice que no faculta a que se establezca una ley general de límites en todo el territorio peruano.
Morales agrega que tampoco existen criterios técnicos a la hora de establecer una cifra como límite.
Para el presidente de la Asociación de Exportadores (ÁDEX), Juan Varilias, la consecuencia de una ley que limite la propiedad agrícola será que el sector perderá competitividad, pues el agro va muy de la mano con la extensión de las tierras. “El incremento de la productividad y la reducción de costos solo son posibles si se tiene un tamaño de tierras óptimo”, sostiene.
Eguren refuta este punto diciendo que no ha visto estudio alguno que determine cuál es más eficiente: una empresa con 2 mil hectáreas u otra con 20 mil hectáreas.
En vez de buscar una situación de confrontación entre los grandes empresarios y los pequeños productores, Morales subraya la necesidad de volver más competitivo al minifundio, mediante la asociatividad de los productores. “Si se logra que sean más competitivos, entonces no venderán sus tierras”, afirma el abogado.
Eguren agrega que esta es una discusión internacional, que el país no debe evitar. “No es solo una preocupación del Gobierno de turno, sino de instituciones como el Banco Mundial y la FAO, que consideran que esta concentración tomará peso a medida que la población mundial se incremente”, dice.
En tanto, las posiciones a favor y en contra parecen difíciles de conciliar, y se espera un tenso debate en el Congreso. Antes de fijar límites a la tierra como el mejor camino de apoyo a la pequeña agricultura, será útil una discusión profunda entre todos los actores, alejada de apasionamientos ideológicos y abierta a otras salidas.
