La Defensoría del Pueblo, en su Informe de Adjuntía “Violencia sexual en el Perú: un análisis de casos judiciales”, dio a conocer el difícil camino de las mujeres violentadas sexualmente para acceder a la justicia. Ellas son llamadas a declarar hasta cinco veces y la única medida de protección que reciben es la reserva de su identidad. De los casos analizados, el 50% de los agresores no recibió condena. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha propuesto diseñar protocolos de atención especializados, establecer unaentrevista única y adecuada, entre otras recomendaciones que se detallan a continuación.
La violencia sexual es un grave problema social en el país. La información recopilada hasta ahora permite conocer que se dirige fundamentalmente contra mujeres de todas las edades, independientemente de su origen étnico y condición social. De acuerdo a las cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y agosto del 2011, más de cinco mil mujeres denunciaron haber sido víctimas del delito de violación sexual. Esto significa que tan solo en el área de Lima y Callao, cada día, hay por lo menos 22 mujeres víctimas de violación sexual.
No obstante la aparición de innegables avances normativos e institucionales, persisten preocupantes dificultades en la investigación, sanción y reparación en los casos de violencia sexual cometidos contra mujeres mayores de edad. Estas dificultades derivan en la impunidad y en la desconfianza en el sistema de justicia por parte de las víctimas.
Esta es una de las conclusiones del Informe “Violencia sexual en el Perú: Un análisis de casos judiciales”, elaborado por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo sobre la base de la revisión de 48 carpetas judiciales provenientes de 11distritos judiciales en los que se encuentra vigente el Nuevo Código Procesal Penal.
Un dato destacable es que la violencia sexual, cometida contra mujeres mayores de 18 años en la presente investigación, se caracteriza por ser perpetrada en su mayoría por varones del entorno cercano e incluso parejas o ex parejas de la víctima. Por otro lado, en la información recogida se observa que, si bien la mayoría de agraviadas fue llamada a declarar una sola vez (28), en los 15 casos restantes se la conminó a declarar entre dos y cinco veces, propiciando la doble victimización.
El grado de indefensión en el que se encuentra la víctima en estos procesos resulta sumamente grave. De acuerdo a las carpetas judiciales analizadas, en el 70,8% de los casos la única medida de protección que se dictó fue la reserva de la identidad de la víctima, mientras que en los restantes no se dispuso ninguna otra medida. En el estudio existe evidencia de que el imputado o agresor, aprovechando la medida de comparecencia, se acercó a la agraviada y a sus familiares a fin de ejercer presión o manipular las evidencias que le permitieran luego argumentar que se trató de una denuncia falsa.
Respecto a las sanciones aplicadas, en el 50% de ellas se dictó una sentencia condenatoria, mientras que en el 50% adicional no recibieron condena. Con relación a los montos por concepto de reparación civil fueron fijados sin tomar en cuenta el daño causado en la agraviada por el delito. Las cantidades señaladas oscilaron entre 200 y 1500 nuevos soles.
Con el propósito de contribuir a mejorar el sistema de justicia en la atención de estos delitos, la Defensoría del Pueblo ha propuesto, entre otros, el diseño de protocolos de atención especializados; así como el establecimiento de la entrevista única y de lineamientos para la toma de la declaración de la víctima a fin de proteger su integridad emocional.
Finalmente, se propone fortalecer la formación de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público en técnicas de investigación en delitos sexuales, tomando como referencia el Protocolo de Estambul.
Teresa Hernández Cajo
Adjuntía para los Derechos de la Mujer
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