TRANSPORTE FLUVIAL EN LA AMAZONIA

En un país como el nuestro, donde las desigualdades económicas y sociales son notorias, los casos de exclusión social se nos muestran todos los días, ya sea con mayor o menor nitidez y en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, existen situaciones de este tipo que se hacen poco patentes a buena parte de la población, debido a que se presentan en áreas remotas y alejadas de las grandes capitales, como en nuestra región amazónica.

Actualmente el servicio de transporte fluvial en la amazonía presenta deficiencias tanto en la infraestructura para el embarque y desembarque de personas como en las condiciones de las embarcaciones, las cuales ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros, principalmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, como madres gestantes, adultos mayores y personas con discapacidad, según se desprende de una supervisión realizada por comisionados de la Defensoría del Pueblo en las regiones de Ucayali y Loreto.

En la supervisión también se constató que no se exige ningún tipo de documentación a los pasajeros, e inclusive se encontró a menores de edad viajando solos en estas embarcaciones, sin la compañía de un adulto y sin que autoridad alguna verifique esta situación o les exijan su Documento Nacional de Identidad (DNI). Asimismo, se observó que las poblaciones que usan estos servicios tienen un escaso conocimiento de sus derechos como usuarios y vienen asumiendo como algo cotidiano las postergaciones o cancelaciones de sus viajes, sin previo aviso por parte de las empresas.

Todo esto se produce en un contexto de olvido y postergación de esta zona del país, donde no solo se ven afectados los derechos de los ciudadanos sino que se aprecia la ausencia de políticas públicas que atiendan la necesidad de interconexión de las comunidades nativas, dispersas en toda la amazonía, con los centros de comercio e intercambio, así como el escaso control y supervisión del servicio de transporte fluvial que evite riesgos a la vida e integridad física de estas poblaciones.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo continuará realizando un trabajo conjunto con las autoridades llamadas a intervenir para enfrentar esta problemática, como la Capitanía de Puertos, la Autoridad Portuaria Nacional y las Direcciones Regionales de Transporte, así como con la ciudadanía en general, a efectos de que el servicio de transporte fluvial se convierta en un servicio que garantice la seguridad de sus usuarios y constituya un medio de desarrollo, e impedir que se convierta en el escenario perfecto en el que se facilite la comisión de los delitos de trata, contrabando y narcotráfico.

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Giannina Avendaño Vilca
Jefa del Área de Servicios Públicos de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas