Comite Anticorrupcion de Carabayllo

miércoles, 31 de agosto de 2011

MAS DE 10 MIL FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO APRISTA PUBLICACION DEL DIARIO EL COMERCIO

La Contraloría General de la República detectó a 10.659 funcionarios involucrados en presuntas irregularidades entre enero de 2009 y julio de 2011, es decir, durante el gobierno aprista.
La cifra la dio hoy el titular de la entidad, Fuad Khoury, durante la presentación de su plan de trabajo para este año ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, según informó Andina.
Según fuentes de la Contraloría, del total de servidores públicos investigados 2.447 tienen responsabilidad civil o penal y sobre 8.212 recae alguna falta administrativa.
Se precisa, además, que los funcionarios provienen tanto del Gobierno Central como regional y local.
TREN ELÉCTRICO
El funcionario también adelantó que para la quincena de setiembre se tiene previsto iniciar un examen especial en las obras del
tren eléctrico, a fin de verificar por qué el presupuesto de la obra se incrementó en 108 millones de dólares.
Khoury precisó que durante su gestión se han realizado tres veedurías al tren eléctrico, en las cuales detectaron 32 deficiencias, entre ellas las condiciones de las columnas preexistentes.
BANCO DE MATERIALES
Asimismo, el contralor confirmó que está en marcha un examen especial en el Banco de Materiales, a fin de investigar la desaparición de 5.000 carpetas de crédito, un supuesto tráfico de influencias y el cobro de cupos.
También informó que se encuentran en curso ocho exámenes especiales y una auditoría financiera a EsSalud.
Al respecto, dijo que dos de los exámenes más importantes están referidos a la ejecución de obras del hospital policlínico Luis Negreiros y centro asistencial Virú, por 44 millones de nuevos soles; y del hospital Nuevo Chiclayo, hospital I Tumbes y clínica geriátrica San Isidro, por 66 millones.
CASO BARRIOS
Respecto al cobro de indemnización del ex presidente de EsSalud en el gobierno anterior,
Fernando Barrios, señaló que solo se ha encontrado responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios de confianza que autorizaron el pago, pues el dinero fue devuelto por Barrios.

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