El periodista Pablo O’Brian publica en su blog El Rocoto, en lamula.pe, esta interesante investigación que revela detalles de cómo el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sido copado por cuestionables personajes vinculados al Partido Aprista, quienes tienen la delicada responsabilidad de resolver las controversias e impugnaciones en los procesos de contratación que bordean los 10 mil millones de soles.
Desde que el gobierno aprista reemplazara al antiguo Consucode por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) al promulgar el Decreto Legislativo 1017, está institución ha venido deteriorándose sostenidamente. El control en los procesos y adquisiciones ha disminuido, como hizo notar recientemente la Contraloría. Una investigación de este órgano de control demostró que las instituciones públicas se acogieron a exoneraciones para evitar convocar a concursos y así designar a dedo a sus proveedores. Tales exoneraciones han crecido, según Contraloría, de S/.500 millones en el 2005 a S/.2500 millones en el 2009. Nada menos que un 500%. Y mientras tanto en el OSCE ni se dan por aludidos, cuando esta situación es su responsabilidad directa. Pero lo peor es que el Tribunal de Contrataciones del Estado (órgano dependiente administrativa y funcionalmente del OSCE) ha sido copado por cuestionables personajes vinculados al Partido Aprista, hasta convertir sus resoluciones en un albur.
Aunque pocos lo saben, el OSCE es una institución clave para el funcionamiento del Estado. Sus funcionarios deben supervisar compras y adquisiciones por un monto aproximado de 42 mil millones de soles al año. Su Tribunal, compuesto por doce vocales, se encarga de resolver las controversias e impugnaciones que se presentan en los procesos de contratación que pueden representar unos 10 mil millones de soles. Es decir, la cuarta parte de las compras públicas. Por ende, los vocales de este órgano debieran ser los más probos y eficaces posibles. Sin embargo, la forma en que estos fueron elegidos y, lo que es peor, a quiénes se seleccionó, parece haber sido dirigida a favorecer a miembros vinculados al Apra.
EL CONCURSO
Para elegir a los miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), el Ejecutivo creó una cuestionable Comisión Multisectorial. El 3 de marzo del 2010 se publicó en El Peruano la Resolución Suprema N° 062-2010-PCM, la cual resolvía “constituir una Comisión Multisectorial de Selección que se encargaría de organizar y conducir el Concurso Público para la designación del Tribunal de Contrataciones del Estado”.
De acuerdo a esta Resolución, la Comisión Multisectorial (CM) quedó conformada por un representante de la Presidencia del Consejo Ministros (PCM), quien la presidiría, uno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y uno del Ministerio de Justicia (MJ). El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), del cual depende funcional y administrativamente el Tribunal de Contrataciones, nombraría al secretario técnico.
La resolución lleva la firma del Presidente Alan García Pérez y de los entonces ministros Javier Velásquez Quesquén (PCM), Aurelio Pastor (PJ) y Mercedes Aráoz (MEF). Lo curioso es que en dicha medida no se indica qué normas sustentan la creación de la mencionada Comisión Multisectorial. El tema no es irrelevante, pues tan solo dos meses antes, Javier Chocano Portillo, jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF, emitió el Informe N° 034-2010- EF/60.01, que lleva como asunto: “Proyecto de decreto supremo que crea comisión multisectorial”.
El referido Informe señala expresamente: “es innecesaria la conformación de una comisión para seleccionar a los miembros del Tribunal, el cual tenga como miembros a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, estando el propio OSCE facultado a establecer el procedimiento de selección en atención a que goza de autonomía administrativa, según su Ley de Creación”. Sorprende, por ello, que a pesar de esta opinión legal contundente, la ministra de Economía de aquella época (Mercedes Aráoz) la haya contradicho, no solo firmando la Resolución Suprema N° 062-2010-PCM, sino que haya designado como representante del MEF en la Comisión Multisectorial a Carlos Lorenzo Castro Serón. Se debe recordar que en la administración pública no se puede hacer lo que la ley no indica expresamente, por tanto, esta no sería una simple omisión, sino una grave falta, que incluso inocularía de nulidad a todo el proceso.
Tampoco se entiende las razones por las que el OSCE, presidido entonces por Ricardo Salazar, aceptó esta intromisión, pues con Oficio N° 048-2010-ef/13.01 el MEF le hace llegar el Informe de asesoría jurídica en el que se establece que era este organismo al que le correspondía de acuerdo a Ley convocar y conducir el concurso para la designación de los 12 vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado. Más aún, Salazar nombró como secretario técnico a César Candela Jara, un aprista desde la cuna y estrecho colaborador del ex secretario general de Palacio de Gobierno, Luis Nava. De hecho, Nava nombró a Candela Jara para que trabajara en Palacio de Gobierno como coordinador con la Presidencia del Consejo de Ministro, como consta en la Resolución N° 015-2007-DPJCGOB, publicada en El Peruano el 28 de febrero del 2007.
A pesar de que se sabía que el OSCE era un ente autónomo, entre el 5 y el 8 de marzo del 2010 tanto Velásquez Quesquén como Aurelio Pastor, con sendas Resoluciones Ministeriales le dieron vida jurídica a la Comisión Multisectorial, nombrando a sus representantes: Erasmo Alejandro Reyna Alcántara fue designado por la PCM y Leonidas Gerardo Castro (ex vice ministro de Justicia hoy preso acusado de intentar sobornar a funcionarios del Ministerio de la Producción) por el Ministerio de Justicia.
De esta forma, tres miembros del Partido Aprista (Candela, Reyna y Castro) tomaron la Comisión Multisectorial y, como consta en los documentos a los que se tuvo acceso, manipularon groseramente el concurso de evaluación, nombrando vocales del Osce a personajes allegados al partido de la estrella.
Estos hechos y, en especial, el que se otorgara indebidamente al OSCE la facultad legal de llevar a cabo el proceso de nombramiento de los titulares del Tribunal de Contrataciones configuraría una causal de nulidad, como ha señalado el especialista en asuntos de contrataciones y adquisiciones del Estado, Alex Starost, que debería llevar a que se convoque a nuevo concurso
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