A
fines de los 90, con la extendida y soberbia corrupción del régimen
fujimorista, el Perú exhibía los estertores de una nación en extinción.
Pero el país mayoritario reaccionó, hizo retroceder a esa lacra, y,
aparentemente, revirtió la debacle definitiva.
Pero doce años después, malas señales anuncian que
esa corriente tóxica de corrupción sólo se ocultó por un tiempo. Se
camufló convenientemente en partidos políticos, en instituciones y
poderes del Estado, y en cierta prensa nacional.
Por ello, preocupa a muchos comprobar cómo casi
todas las denuncias e investigaciones por fuertes indicios de
corrupción del gobierno anterior han sido archivadas o paralizadas y no
se ve voluntad de procesar a nadie ni en la fiscalía ni en el Poder
Judicial. ¿Preludio de desahucio moral?.
Ha sido indignante escuchar ese audio en el cual
Aurelio Pastor trata de convencer a la alcaldesa de Tocache que le
pague 50,000 soles para que ella pueda ser restituida a su puesto,
utilizando para ello sus “contactos” en el JNE y en la Corte
Suprema. Pastor es ex-ministro de Justicia de Alan García,
ex-congresista del PAP, y es miembro de la “dirección política” del
PAP, impuesto allí por arreglo - con lista única - entre el mismo
García y Jorge del Castillo en el último congreso partidario de marzo
2010.
Fue durante la gestión de Pastor en el despacho de Justicia que se produjo el “indulto humanitario”
de José E. Crousillat, que tuvo todos los visos de un acto de
corrupción. Debió investigarse y sancionarse a los responsables, pero
transcurridos 3 años de ese indulto fraudulento, nada ocurrió.
El ciudadano común puede preguntarse: ¿el
comportamiento de Pastor es excepción, o es práctica cotidiana de
quienes llegan al poder para utilizarlo indebidamente en beneficio
propio, pero que sólo tuvo la “mala suerte” de ser grabado por quien se
sintió acosada y decidió denunciar?
El gobierno de Ollanta Humala debe investigar, en
serio, los más de 4,000 indultos y conmutaciones de penas dados
durante la gestión de AGP. ¿Cuántos narcotraficantes, jefes de bandas de
secuestradores y delincuentes de alto vuelo fueron los beneficiados?.
Sólo una decisión al más alto nivel del Estado responderá esta pregunta
legítima que se hace la ciudadanía por la salud moral de la república.
Pero tenemos dudas si el gobierno de  Humala
tomará esta decisión, considerando su ejecutoria de 16 meses….serias
dudas. Y si no, miremos esa “megacomisión” congresal.
En lo personal, no puedo abstraer la condición de
“dirigente aprista” de A. Pastor. Casos como éste demuestran que
algunos se equivocaron de lugar. Esto confirma la grave crisis del APRA
y la causa de su debacle, cuyo principal responsable es Alan García,
pues bajo su conducción en el PAP - y por extensión en el Estado - se
fue generando una atmósfera permisiva que ha hecho posible que casos
como el de Pastor no sean la excepción. Hay, pues, una
corresponsabilidad política grave de quienes hoy suspenden a AP en su
“cargo” partidario y aparentan rasgarse vestiduras ante ese audio
vergonzante.
El verdadero aprista sabe que no se llega al
Estado para enriquecerse, ni encubre a corruptos, ni queda impasible
frente a quienes cometen actos que golpean fuertemente la imagen del
APRA. Dependerá de la decisión de esos apristas, que no venden ni
alquilan sus conciencias, por más poderoso que parezca quien está al
frente.
Y en cuanto al país, nuevamente la corrupción y la
impunidad comienzan a gangrenarlo. El Perú está en alerta roja. Y no
hay, en absoluto, exageración alguna. El Congreso, el Poder Ejecutivo,
el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, y
el JNE no son hoy, para los ciudadanos, garantía alguna de ética ni
transparencia; y esas instituciones y poderes se supone que son la
columna vertebral del Estado peruano. Si ellas no funcionan o se
corrompen, el país se hunde irremisiblemente.
El Perú debe reaccionar.
Lima, 28 de noviembre 2012
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