IGUALDAD PARA TODOS

 
En nuestra sociedad existe mucha preocupación por la población discapacitada, pero poca atención o asistencia.

En la práctica no se atiende los verdaderos requerimientos de quienes, por una inesperada razón o porque genéticamente tuvieron que nacer con alguna dificultad física o mental, comparten diariamente la vida y su desarrollo en una situación de desigualdad.

Sin embargo, el Congreso de la República al expedir la Ley N° 29973 ha demostrado su sensibilidad por quienes realmente esperaban la protección hacia ellos.

En vísperas de la Navidad, el Presidente de la República promulgó el instrumento legal denominado "Ley General de la Persona con Discapacidad", y que contiene 86 artículos, 14 disposiciones complementarias modificatorias y 13 disposiciones complementarias finales y además una disposición complementaria derogatoria y que se refiere al numeral 3 del artículo 43, numeral 4 del artículo 241, el artículo 693, el artículo 694 y el numeral 2 del artículo 705 del Código Civil.

Deroga, también el artículo 74 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo; de la misma manera deroga la Ley N° 27050,  la Ley N° 29392, la Ley N° 27471, la Ley N° 27751 y la Ley N° 27920.

En realidad la norma es amplia e integral y tiene la particularidad de definir a la persona con discapacidad como aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente.

El pronunciamiento abarca muchos aspectos de la personalidad humana, física y mental, pues se entendía que el discapacitado sólo lo era por alguna deficiencia física.

Establece la ley que el discapacitado tiene derecho a la vida y al respeto de su integridad moral, física y mental en igualdad de condiciones con los demás y establece el derecho a la consulta como obligación de las autoridades de los distintos sectores y de gobierno como paso previo a la adopción de normas legislativas, administrativas, políticas y programas relativas a la discapacidad.

La novísima ley les faculta al descuento del 50% del valor de la entrada a los espectáculos culturales, deportivos y recreativos organizados por las entidades del Estado y si se trata de empresas e instituciones privadas, el descuento obligatorio es del 20% y hasta un máximo de un 10% de un número total de entradas.

Las entidades públicas están obligadas a contratar a personas con discapacidad, no inferior al 5% de la totalidad de su personal y los empleadores privados, con más de 50 trabajadores con una proporción de no menos del 3%.

Algo más, de manera general, el artículo 49 establece que previamente a toda convocatoria las entidades públicas verifican el cumplimiento de la cuota del 5%; estableciendo sanciones de carácter administrativo para los que incumplan sin que ello pueda evitar la probabilidad de incurrir en delito de abuso de autoridad en la modalidad de omisión de función.