CONDENAN A 135 FUNCIONARIOS

Un total de 125 condenas produjo en el 2012 el subsistema anticorrupción de la Corte de Lima, que aplica el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para delitos cometidos por funcionarios públicos y que alista un mapeo de los índices de la corrupción por sectores.

A juicio de su coordinadora, la magistrada Susana Ynés Castañeda Otsu, la cifra demuestra el éxito de este modelo que hoy cumplirá su segundo aniversario de implementación para dicha especialidad y que el 1 de diciembre de 2014 se aplicará para todas las modalidades delictivas en la capital.

De aquella cifra, 78 corresponden a penas impuestas en terminaciones anticipadas, 25 a sanciones establecidas en juicios orales y 22 a penas determinadas por los juzgados unipersonales a consecuencia de conclusiones anticipadas.

Terminación anticipada

En virtud a la terminación anticipada, el imputado que se siente responsable, antes de que su caso ingrese a la etapa de juicio oral, se acoge a este proceso especial a fin de arribar a un acuerdo con el fiscal admitiendo su responsabilidad ante el fiscal y luego la condena ante el juez de investigación preparatoria. 

      "En el 2012, por este mecanismo, el primer juzgado de investigación preparatoria del subsistema anticorrupción sancionó a 34 particulares y 6 funcionarios con penas suspendidas y solo tres recibieron pena efectiva", manifestó la autoridad.

Mientras que el segundo juzgado de investigación preparatoria de la misma especialidad de la capital y por el mismo mecanismo, impuso condenas suspendidas a 31 particulares y 4 funcionarios públicos. "El mayor número de sanciones correspondieron a particulares responsables de cohecho activo genérico, lo que comunmente se le conoce como coimas", dijo.

Por su parte, los juzgados unipersonales anticorrupción de Lima por esta modalidad impusieron penas suspendidas a 15 funcionarios públicos y seis particulares, además de una pena efectiva para un funcionario público.

Respecto a los juicios orales, fueron condenados con penas suspendidas 16 funcionarios y tres particulares, mientras que con penas efectivas se sancionaron a cinco funcionarios y un particular, por delitos de peculado, entre otros.

En opinión de Castañeda, los imputados que se sienten responsables buscan someterse a la terminación anticipada para no ser sancionados con penas de cárcel efectiva, sino con condenas condicionales.

Según la magistrada, bajo el nuevo modelo procesal un caso puede ser resuelto en ocho meses.

Elaboración de un mapeo

"A raíz de estos resultados positivos, lo que estamos haciendo, además, es una tabla para determinar dónde se encuentra el índice de la corrupción", precisó Castañeda.

Por lo pronto, la magistrada observa que lamentablemente la Policía Nacional viene ocupando uno de los primeros lugares en dicha tabla, pues dentro de los condenados el mayor número son policías.

"En segundo lugar se tiene a los profesores de las UGEL y también a particulares, especialmente choferes de vehículos públicos o privados que tratan de corromper a los efectivos policiales o a los del sector Transportes y Comunicaciones", detalló.

Asimismo, confirmó la existencia de varios funcionarios municipales como imputados en estos casos.

En su opinión, este mapeo en elaboración es importante porque permitirá detectar la corrupción. "Queremos hacerlo público para dar a conocer dónde están los puntos de la corrupción, pero ya preocupa que haya en los policías y profesores, sobre todo, por haber alumnos de por medio", explicó.