Editorial
El aporte fundamental del Estado, que hace definitivamente viable el proyecto minero Conga, es la plena garantía de que la empresa que ejecutará el proyecto cumplirá previamente con el abastecimiento de agua de calidad para la población, tal como lo ha precisado el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.Ahora nos toca asegurar que las mejoras comprometidas se cumplan, fortaleciendo la fiscalización, estableciendo monitoreos ambientales.”
Fecha:25/06/2012
Además de este importante punto, la empresa también se ha comprometido a cumplir con todas las recomendaciones establecidas por los peritos internacionales y por las condiciones planteadas por el Gobierno, relacionadas con el cuidado del medioambiente y de una sustancial contribución al desarrollo sostenible de la región y obras de infraestructura y servicios vitales.
En el mensaje del día sábado, el Jefe del Estado ha precisado que este proyecto minero obedece a un contrato formal entre el Estado peruano y la empresa minera, celebrado antes de que él asumiera el mando de la nación.
Este aspecto implica una obligación jurídica de las partes involucradas cuyo incumplimiento por parte del Gobierno causaría un gran daño y desprestigio para nuestro país. Dañaría el principio de la seguridad jurídica y la imagen de confianza que tanto ha costado a los peruanos proyectar en los mercados globales.
Sin embargo, el presidente Ollanta Humala, fiel a su principio y a su compromiso de atender las justas demandas de los pueblos, con mucha prudencia, logró convocar a un peritaje internacional y formuló una nueva relación entre el Estado, la población de Cajamarca y la empresa minera. En otras palabras, tenemos ahora un proyecto mejorado, conveniente para el pueblo de Cajamarca y marcadamente diferente al contrato original.
Es más, en el mensaje presidencial también se deja en claro que el Gobierno se ocupará permanentemente de asegurar que las mejoras comprometidas se cumplan, fortaleciendo la fiscalización, estableciendo monitoreos ambientales participativos, que incluyan a la propia población y asegurándole agua y desarrollo, verificando la construcción de reservorios, entre otros aspectos.
Toda esta acción se desarrollará en el marco de una nueva política nacional de establecer un marco legal y definitivo que privilegie la defensa de nuestro medioambiente.
No obstante estas reglas claras y concretas que aseguran beneficios para la región de Cajamarca, la autoridad regional persiste en una posición cerrada al diálogo en la que cada vez se está quedando más aislada, pues las autoridades provinciales y de la propia capital del departamento apoyan las condiciones establecidas por el Gobierno.
Además, en los últimos meses, de manera multisectorial, el Ejecutivo ha venido trabajando directamente con los campesinos y comunidades de esa región en proyectos ambientales y productivos con resultados altamente positivos, de allí que esas poblaciones ahora apoyan decididamente el proyecto Conga.
En esta etapa ya existe pleno consenso político y social sobre la validez del proyecto minero Conga y, como lo ha expresado el presidente Ollanta Humala, el país no se puede detener por la posición cerrada y negativa de un pequeño sector politizado y extremista.
El desarrollo integral de Cajamarca, largamente postergado, está hoy al alcance de su población.
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