La relación entre el Gobierno y la empresa Telefónica es ahora hostil. No se trata de un caso de teléfono malogrado sino de impuestos no pagados y de una probable decisión estatal de no renovar la licencia para telefonía móvil con Telefónica.
Esta historia, hasta hoy poco conocida, que puede cambiar el medio por el que los peruanos hablamos por celular, empezó cuando la Sunat acotó a Telefónica una deuda tributaria por aproximadamente 2,000 millones de soles.
Telefónica no estuvo de acuerdo y llevó el caso en disputa al Tribunal Fiscal.
Pero, el 27 de diciembre de 2010, el Tribunal resolvió que la deuda en impuestos no pagados de Telefónica (por los años fiscales de 2000 y 2001) no era de 2000 sino 2132 millones de soles (aproximadamente 775 millones de dólares al cambio actual).
Ante ese fallo, Telefónica hizo lo que muchas de las compañías más poderosas del país realizan rutinariamente: aplastar las acciones regulatorias del Estado llevando el caso al Poder Judicial, donde los más fuertes estudios de abogados se enfrentan a la débil capacidad de defensa del Estado; y a la poca preparación en unos casos y corrupción en otros de funcionarios fiscales y judiciales. IDL-R ha documentado ello tanto en la industria minera (Ver: “La impotente regulación”); como en la pesquera: (Ver: “Sanciones no aceptadas y discrepancias de pesaje”).
Siguiendo ese patrón, para no pagar la deuda,Telefónica llevó el caso al Poder Judicial.
El 17 de marzo de este año la compañía demandó a la Sunat y el Tribunal Fiscal ante el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio a cargo del juez Carlos Cueva Anduviza. La Procuraduría del Ministerio de Economía, dirigida por Patricia Velasco, notificada por primera vez el 4 de abril, asumió el litigio en representación del Estado.
Entonces ocurrió algo extraño. El 5 de julio, el juez Cueva remitió el expediente del caso a la Tercera Fiscalía provincial en lo Civil de Lima. Un mes después, el 24 de agosto, la fiscal Rosanna Trillo Flores determinó que la deuda de Telefónica debía reducirse en 971 millones de soles.
Esta historia, hasta hoy poco conocida, que puede cambiar el medio por el que los peruanos hablamos por celular, empezó cuando la Sunat acotó a Telefónica una deuda tributaria por aproximadamente 2,000 millones de soles.
Telefónica no estuvo de acuerdo y llevó el caso en disputa al Tribunal Fiscal.
Pero, el 27 de diciembre de 2010, el Tribunal resolvió que la deuda en impuestos no pagados de Telefónica (por los años fiscales de 2000 y 2001) no era de 2000 sino 2132 millones de soles (aproximadamente 775 millones de dólares al cambio actual).
Ante ese fallo, Telefónica hizo lo que muchas de las compañías más poderosas del país realizan rutinariamente: aplastar las acciones regulatorias del Estado llevando el caso al Poder Judicial, donde los más fuertes estudios de abogados se enfrentan a la débil capacidad de defensa del Estado; y a la poca preparación en unos casos y corrupción en otros de funcionarios fiscales y judiciales. IDL-R ha documentado ello tanto en la industria minera (Ver: “La impotente regulación”); como en la pesquera: (Ver: “Sanciones no aceptadas y discrepancias de pesaje”).
Siguiendo ese patrón, para no pagar la deuda,Telefónica llevó el caso al Poder Judicial.
El 17 de marzo de este año la compañía demandó a la Sunat y el Tribunal Fiscal ante el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio a cargo del juez Carlos Cueva Anduviza. La Procuraduría del Ministerio de Economía, dirigida por Patricia Velasco, notificada por primera vez el 4 de abril, asumió el litigio en representación del Estado.
Entonces ocurrió algo extraño. El 5 de julio, el juez Cueva remitió el expediente del caso a la Tercera Fiscalía provincial en lo Civil de Lima. Un mes después, el 24 de agosto, la fiscal Rosanna Trillo Flores determinó que la deuda de Telefónica debía reducirse en 971 millones de soles.
De un plumazo, la fiscal Trillo le hizo una rebaja de 45% a Telefónica de la deuda tributaria en litigio. ¿Cómo lo calculó? IDL-R buscó a Trillo en su despacho de la sede central del Ministerio Público pero ella no nos recibió. Cuando se la llamó por teléfono, dijo que no recordaba el caso.
La procuraduría del MEF, que si lo recuerda muy bien, planteó un recurso de nulidad el 30 de agosto.
El juez Cueva Anduviza, a su turno, dijo que el expediente ya está en su despacho, con el pronunciamiento de la fiscal. IDL-R ha confirmado que Cueva Anduviza notificó a las partes el último martes y que emitirá sentencia el próximo 17 de noviembre
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMAOCTAVO JUZGADO TRANSITORIO ESPECIALIZADO EN LOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 01529-2011-0-1801-JR-CA-08MATERIA : IMPUGNACIÓN DE ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVAESPECIALISTA : ESTUPIÑÁN CARRILLO, MIRNADEMANDADO : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS: SUNATDEMANDANTE : TELEFÓNICA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NUMERO OCHOLima, diecisiete de octubredel dos mil once.-
Puesto a despacho;
y, ADVIRTIÉNDOSE: PRIMERO
:Que, mediante resolución número siete de fecha siete de octubre de dos mil once,ésta judicatura programó fecha de informe oral para el día ocho de noviembre dedos mil once, a horas 3.00 a.m.; sin embargo, observándose el sistema judicial sepuede verificar que el SERNOT ha recepcionado los cargos de notificación confecha trece de octubre del año en curso;
SEGUNDO
.- Que, estando a la cercanía dela fecha programada, a fin de tener la certeza de la devolución de los cargos denotificación dirigidas a las partes procesales, asimismo, estando a la complejidad dela materia y la controversia, más aún, si las partes procesales a la fecha aún no hantomado conocimiento de la diligencia programada;
TERCERO
.- Que, bajo éstecriterio, resulta necesario reprogramar fecha de informe oral a fin de garantizar elderecho de defensa de las partes y al debido proceso, por tanto:
REPROGRÁMESE el Informe Oral concedido los demandados para el día DIECISIETE DENOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE,
a horas DIEZ DE LA MAÑANA a fin que losletrados puedan hacer uso de la palabra por el espacio de CINCO MINUTOS ;dejándose sin efecto la fecha programada mediante resolución número siete;OPORTUNAMENTE
:
PÓNGASE LOS AUTOS A DESPACHO PARASENTENCIAR
;
Al escrito de fecha catorce de octubre de dos mil once
: Alprincipal y primer otrosí: Con los anexos que se adjuntan: Téngase presente y porapersonado al proceso al Procurador Público Ad – Hoc de la SuperintendenciaNacional de Administración Tributaria, presente el DOMICILIO PROCESAL SITO:CASILLA N° 1632 del Colegio de Abogados de Limapresente la casillaelectrónica; Al segundo otrosí: Estése a lo resuelto mediante resolución númerosiete y la presente resolución.-
Javier Manzanares, presidente del Grupo Telefónica, prefirió guardar silencio sobre demanda contra el Estado.
Estrategia legal de Telefónica no solo incluye al Poder Judicial sino a organismos internacionales. El 2 de setiembre, la empresa demandó al Estado ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). El proceso es tan reciente que todavía no figura en la página web de la CIADI.
IDL-R intentó entrevistar al presidente de Telefónica en el Perú, Javier Manzanares, pero solo logró hablar con su gerente de comunicación corporativa, Guillermo Denegri, quien dijo que la empresa se mantendría en silencio.
Para agregar leña a la hoguera tributaria Sunat ha hecho una nueva acotación a Telefónica, por 1741 millones de soles. Esta nueva acotación se disputa actualmente en el Tribunal Fiscal.
Frente a ese cúmulo de litigios administrativos y judiciales, el Estado respondió esta vez con inusitada decisión: le hizo saber a Telefónica que su posición en las negociaciones para la renovación de las licencias de telefonía móvil, no iba “a ser amigable”, según una fuente con conocimiento de causa.
Ahí las cosas cambiaron. El Perú es uno de los mercados más rentables para Telefónica en Latinoamérica. Y Latinoamérica, según indicó a IDL-R una fuente experta que pidió reserva de identidad, “es la tabla de salvación para Telefónica”, que confronta muy serios problemas a nivel mundial
IDL-R intentó entrevistar al presidente de Telefónica en el Perú, Javier Manzanares, pero solo logró hablar con su gerente de comunicación corporativa, Guillermo Denegri, quien dijo que la empresa se mantendría en silencio.
Para agregar leña a la hoguera tributaria Sunat ha hecho una nueva acotación a Telefónica, por 1741 millones de soles. Esta nueva acotación se disputa actualmente en el Tribunal Fiscal.
Frente a ese cúmulo de litigios administrativos y judiciales, el Estado respondió esta vez con inusitada decisión: le hizo saber a Telefónica que su posición en las negociaciones para la renovación de las licencias de telefonía móvil, no iba “a ser amigable”, según una fuente con conocimiento de causa.
Ahí las cosas cambiaron. El Perú es uno de los mercados más rentables para Telefónica en Latinoamérica. Y Latinoamérica, según indicó a IDL-R una fuente experta que pidió reserva de identidad, “es la tabla de salvación para Telefónica”, que confronta muy serios problemas a nivel mundial
