rocuradora antidrogas, Sonia Medina. Foto: Andina/Archivo.
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“El Estado peruano hace esfuerzos
denodados y gasta presupuesto en la lucha antidrogas, y la respuesta
que debería haber existido entonces es de coherencia con estos esfuerzos
y no desmotivar con situaciones como estas”, afirmó.
Medina dijo desconocer los mecanismos sobre el otorgamiento de esos
beneficios en el gobierno pasado –cuestionados porque se redujo penas a
unos 400 sentenciados por narcotráfico-, pero señaló que las
instituciones públicas deben rodearse de personas intachables, más allá
de su perfil académico.
“Más aún si van a manejar este tipo de situaciones y si en algún
momento tendrán poder de decisión”, dijo en declaraciones a ATV+.
Una denuncia periodística reveló que Manuel Huamán Montenegro un
abogado sentenciado a ocho años de cárcel por pertenecer a la banda de
narcotraficantes “Los Norteños”, trabajó para la Comisión de Gracias
Presidenciales en el segundo gobierno del expresidente Alan García.
Huamán Montenegro, además, es aprista y figura en el padrón de
militantes del partido de la estrella y en el registro de Infogob, del
Jurado Nacional de Elecciones.
Medina manifestó que la procuraduría contra el narcotráfico y
lavado de activos tiene procesos en todos el país y no sabe quiénes son
parte las innumerables instituciones estatales, por lo que reiteró tener
cuidado en la selección de su personal.
“No debe volver a pasar este hecho, (a veces) por razones de
clientelismo político o por otras razones se pone en el cargo a un
pariente, amigo y los efectos son éstos que marcan un escándalo”,
comentó.
Frente a las denuncia del interno Oscar Benítez, quien dijo que en
el gobierno aprista se cobraba 10 mil dólares para conmutar un año de
condena, la procuradora Medina aseguró que este interno sentenciado por
tráfico de drogas, deberá probar sus acusaciones.
Recordó que Benítez fue testigo en varios procesos por narcotráfico
y su testimonio permitió que se tuvieran los resultados esperados.
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