PENAS MAS SEVERAS PARA DELINCUENTES

 

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, sostuvo que en Perú “no se debe tener temor” a la emisión de sentencias de entre 50 y 60 años de cárcel contra un delincuente de alta peligrosidad, pues es necesario que estas personas no estén en las calles.

Al defender su propuesta para establecer la sumatoria de penas en el país, indicó que a su llegada a este poder del Estado está promoviendo una serie de modificaciones al marco legal-penal, en el que se hace necesario efectuar cambios, tanto en el aspecto procesal como en el de fondo.
“Sugerí la acumulación de penas, pero no por límites, sino para que se pueda superar incluso los 35 años. Si hay una sumatoria (y llegamos a condenas) de 50 ó 60 años, que se apliquen, no debemos tener temor”, precisó.
Tras inaugurar el primer sistema moderno de gestión de atención al público, realizado en la Corte de Lima Norte, recordó que, según algunos comentarios, las penas altas “no son disuasivas” para los delincuentes, pero dijo que la preocupación es que dicho malhechor no continúe libre.
“El hecho que ocupe una celda no quiere decir que (el delincuente) está resocializado, como algunos ingenuos asumen, teóricamente. Eso es mentira, salen mejorados para peor. Las penas deben ser resocializadoras, de lo contrario no debería salir (de prisión) esa persona”, aseguró.
Asimismo, Mendoza explicó que, si existen pocos centros de detención, habría que construir más, “pero no sacarlos (a los delincuentes) a las calles”, porque ello implica que abusen de ciudadanos pacíficos que “no están preparados para enfrentar delincuentes de alta peligrosidad”.
Beneficios penitenciarios
En otro momento, refirió que el Poder Judicial no está otorgando beneficios penitenciarios “a granel”, como se vino informando en algunos medios de prensa, sino que estos se están otorgando “a internos que realmente se lo merecen”.
“Tampoco hay reposición de policías dados de baja. Solo hay nueve casos de policías repuestos en el 2012, pero no mil, como alguien sostienen. Y esos casos pueden ser apelados, pero no podemos restringir el derecho de cualquier ciudadano a acudir a los despachos judiciales”, anotó.
Por último, el titular del Poder Judicial reiteró que defiende la posición de que los jueces se abstengan de reponer a los efectivos policiales dados de baja y que debe ordenarse a la propia institución policial que defina este tema.